‘Permisología’ y la coordinación que falta

Hace algunos días, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó las impugnaciones presentadas por diputados oficialistas contra el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Con este fallo, la iniciativa queda por fin lista para su promulgación. Es una noticia destacable: probablemente contribuirá a agilizar la tramitación de proyectos de inversión —muchos de ellos estratégicos para el desarrollo económico y la lucha contra el cambio climático— que llevan años empantanados en los laberintos de la permisología chilena.

El proyecto promete mejorar, sobre todo, los procedimientos para evaluar las solicitudes de permisos que condicionan el desarrollo de estos proyectos. Pero hay que decirlo con franqueza: aun con esta reforma, queda pendiente un problema estructural que amenaza con restar buena parte de su potencial transformador. Me refiero a la falta de coordinación entre los distintos reguladores sectoriales, un desafío que exige que la maquinaria del Estado deje de operar como un archipiélago de islas inconexas y actúe como una estructura articulada y coherente.

Hoy, incluso proyectos de mediana escala deben pasar por el escrutinio de múltiples reguladores, cada uno de los cuales opera con sus propios criterios y exigencias. No existen instancias procedimentales que los articulen entre sí de forma efectiva. Y esa ausencia de coordinación mínima genera duplicidades, exigencias contradictorias y, sobre todo, incertidumbre regulatoria. El resultado es predecible: tramitaciones más largas de lo necesario, costos innecesarios para inversionistas y comunidades, y un retraso acumulado que puede seguir haciendo inviable una inversión.

Este no es un problema por falta de mandatos normativos. La Constitución y las leyes están plagadas de principios que ordenan a la administración pública actuar coordinadamente. El problema es que, sin procedimientos claros, responsabilidades definidas e incentivos reales para cooperar, esos principios no pasan de ser promesas vacías. La coordinación administrativa sigue siendo, en la mayoría de los casos, un ideal en el papel, pero ausente en la práctica.

La experiencia comparada demuestra que este problema no es exclusivo de Chile, pero también que existen fórmulas concretas para enfrentarlo. En el mundo anglosajón, Estados Unidos asigna a una ‘agencia líder’ la responsabilidad de coordinar la evaluación ambiental de un proyecto con todos los demás organismos involucrados, evitando que su titular deba multiplicar gestiones por separado. Canadá cuenta con la Major Projects Management Office, una ventanilla única que coordina a los reguladores y mantiene un calendario común para proyectos estratégicos.

En Europa, Francia ha reforzado la coordinación interadministrativa mediante ventanillas únicas sectoriales y procedimientos integrados de tramitación, que permiten centralizar la relación del titular con la administración. Italia, por su parte, cuenta con la conferencia de servicios (conferenza di servizi), un mecanismo diseñado para reunir a todas las autoridades competentes en un solo procedimiento y emitir una decisión coordinada. Este modelo inspiró, a su vez, las llamadas conferencias procedimentales de Portugal, que probablemente sea el caso más interesante de considerar para la realidad chilena.

Estas conferencias procedimentales pueden ser convocadas por una autoridad con competencia sobre un proyecto que requiera autorizaciones de múltiples organismos. La convocatoria reúne en una sola sesión —presencial o telemática— a todos los actores públicos relevantes, quienes deben exponer sus exigencias, resolver diferencias y acordar un pronunciamiento coordinado. Todo queda registrado en un acta que fija plazos, compromisos y condiciones. Este mecanismo no solo evita que un proyecto se vea atrapado en una secuencia interminable de trámites, sino que obliga a las autoridades a dialogar y resolver divergencias de manera temprana, con plena trazabilidad para el titular y la ciudadanía.

En América Latina, Brasil ha desarrollado las denominadas reuniones de coordinación interinstitucional, instancias promovidas por reguladores ambientales y de infraestructura para coordinar la actuación de diversas agencias en proyectos complejos. Estas reuniones permiten alinear criterios, anticipar conflictos y reducir demoras, especialmente en proyectos con alta relevancia económica o social. Aunque no están reglamentadas igual detalle que las experiencias europeas, han mostrado resultados positivos en términos de articulación y previsibilidad regulatoria.

El contraste con la realidad chilena es evidente. La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales es un avance significativo, pero no crea —ni siquiera insinúa— mecanismos institucionales de coordinación equivalentes. Su foco está en ordenar procedimientos, estandarizar requisitos y acortar plazos, no en sentar a todos los reguladores en una misma mesa con la obligación de producir una salida coherente y coordinada.

Existen, por tanto, alternativas probadas que conviene estudiar en detalle para extraer lecciones útiles. Adaptarlas a Chile requeriría cambios legales y voluntad política, pero todas muestran que la coordinación administrativa puede dejar de ser un principio decorativo para convertirse en una realidad operativa. La inminente promulgación de la nueva ley abre una oportunidad que no debería desaprovecharse: dar el siguiente paso hacia una coordinación efectiva que complemente la agilización procedimental y y permita superar, de una vez por todas, el laberinto de la permisología.