La última Cuenta Pública del presidente Boric: más balance que proyecciones

Hace un año, en su Cuenta Pública dirigida a la nación, el presidente Gabriel Boric mostró un giro en la conducción del actual Gobierno al poner énfasis en el crecimiento económico y en la crisis de seguridad que afecta al país. La incorporación de estos dos temas lo alejaron del espíritu refundacional con el cual se produjo su debut. En materia de crecimiento y de seguridad, Boric no solo logró un acercamiento con la línea de los gobiernos de la exConcertación sino que también con el legado de las administraciones de Sebastián Piñera. Por ende, para compensar a su sector de tan sacrílego giro, en esa ocasión el mandatario formuló una categórica condena a las intervenciones de Israel en Gaza y el anuncio del envío de un proyecto de aborto libre.

Después de un año, en la reciente Cuenta Pública el presidente Boric reitera la necesidad de abordar la crisis de seguridad ciudadana. Asimismo, insiste en la necesidad de alcanzar mayor crecimiento, junto con disminuir el desempleo y promover mayores estándares de seguridad social. En paralelo, también se refiere a dar inicio al debate legislativo sobre el aborto libre, repite la condena a las intervenciones de Israel y ofrece un importante gesto en materia de derechos humanos al proponer modificar al penal de Punta Peuco para transformarlo en una cárcel común. Todo esto expresado a través de un discurso que fue más descriptivo que programático, más retrospectivo que prospectivo, cuyo relato permitía reconocer una clara autocrítica al ímpetu con el cual se estrenó el actual Gobierno, en marzo de 2022.

De hecho, al comenzar su discurso, el presidente pareció reprochar a sus asesores y colaboradores más cercanos, por sobre cualquier otra figura o fuerza política, al señalar que no se tomó en cuenta la falta de mayoría legislativa y, pese a ello, plantear una agenda tan ambiciosa de cambios estructurales. En ese mismo tenor, reconoció la falta de realismo de su propia generación, en tanto dirigentes estudiantiles primero y luego como parlamentarios opositores, de no haber comprendido la importancia de los acuerdos, las negociaciones y las limitaciones institucionales (enclaves autoritarios) que debieron enfrentar los gobiernos que se sucedieron desde el inicio de la transición.

Con todo, el balance del presidente Boric ha sido poco alentador, dado que él mismo reconoce insuficiencias y un saldo deficitario hasta lo que va de su Administración. En efecto, reconoce que existe una situación de estancamiento que afecta al conjunto de los sectores productivos y de servicios. El 2,4% de crecimiento alcanzado el año 2024 fue a costa de la minería, con lo que se evidencia que el Gobierno ha seguido dependiendo de aquella matriz extractivista que prometió superar. Transcurrido un año de la cuenta de 2024, el desempleo ha experimentado un aumento -de acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). De un 8,5% de desempleo en 2024 se sube a un 8,8%. La tasa de desocupación en la Región Metropolitana se ubica en 9,5% y, a nivel nacional, dicho fenómeno afecta con más notoriedad a la población femenina que alcanza un 9,7%. Los niveles de desempleo del último año son superiores a los que existían en 2019, poco antes del estallido social, los que se encontraban en un 7,6%. A ello se añade una tasa de informalidad que se mantiene estable en un 25%. Por ende, el presidente ha vuelto a insistir en generar mejores condiciones para la inversión y la creación de nuevos mercados. E incluso, se refirió en su cuenta al fomento del turismo como una alternativa para mejorar el crecimiento, la generación de empleos y oportunidades laborales. Sin embargo, ¿cómo se fomenta el turismo en un contexto de crisis de seguridad e incremento de la delincuencia? O bien, ¿cómo se estimula la inversión en un escenario de aumento de casos de corrupción?

En materia de seguridad ciudadana, los delitos y la percepción de inseguridad se han mantenido estables. Todos los estudios de opinión muestran de manera sostenida, desde el inicio del actual Gobierno, que los temas de seguridad ciudadana siguen siendo prioritarios para el conjunto de la población. Por el contrario, ha sido el oficialismo el que se ha enredado y tensionado en la búsqueda de soluciones y en la adopción de medidas a este respecto. En el transcurso de la última semana, se ha evidenciado un aumento de la violencia y de hechos delictivos que afectan a establecimientos educacionales y otros espacios altamente concurridos.

Débil ha sido este Gobierno en términos de inversión pública. El presidente exhibió 10 nuevos hospitales en algunas capitales provinciales, aunque en su mayoría en pequeñas ciudades y pueblos a lo largo del país. Esos hospitales han sido inaugurados por el Gobierno actual, no obstante haber sido construidos y finalizados en la Administración anterior. Son pocas las alternativas de inversión ofrecidas al país, como la extensión de los servicios ferroviarios en determinados tramos y la ampliación de la red de Metro que beneficia a ciertas comunas de la Región Metropolitana. En ningún caso se trata de programas de inversión que beneficien a diversos territorios del país, ni mucho menos que estimulen la demanda agregada, al grado de activar a los sectores productivos y generar nuevos empleos.

En cuanto a los problemas de probidad y corrupción, sostuvo que estos podían afectar el funcionamiento de las instituciones y la legitimidad del sistema democrático. Pero no es claro que crear sistemas de auditorías para el Gobierno, y regulación del lobby, logren revertir los problemas de corrupción arraigados en la administración pública, ni en el traspaso de recursos a fundaciones y demás servicios externos. En esto, el compromiso debió ser avanzar hacia una reforma más sustantiva de la gestión estatal, a fin de lograr mayor trasparencia y adecuada rendición de cuenta. Sobre la reforma al sistema político, que no ha tenido avances hasta ahora, insistió en la necesidad de revertir la fragmentación partidaria. Si bien esto es imprescindible para mejorar la representación y la gobernabilidad, es insuficiente si se piensa en los desafíos que hoy amenazan la proyección de la propia democracia.

El presidente aprovechó la oportunidad para exhibir los principales logros de su gestión, como la implementación de la ley que hace efectivo el pago de la pensión alimenticia, la reducción de la jornada a 40 horas, el aumento del salario mínimo y la reforma de pensiones. Varias de estas iniciativas requieren aún de un exhaustivo balance, en parte, porque no sólo han sido confusas en su aplicación, sino que benefician únicamente a trabajadores de empleos más formales.

En resumen, al cierre de la última Cuenta Pública es posible advertir una extraña paradoja. Comienza el ocaso de un Gobierno generacionalmente más joven que todos los que se sucedieron desde 1990 en adelante, pero que no es capaz de ofrecer alternativas de futuro. Por el contrario, se ve obligado a mirar hacia atrás para reconocer sus desaciertos y resaltar algunos de sus logros.