El ataque con una granada a una policía chilena impulsa un plan para fortalecer el control territorial

El ataque con una granada a la cabo segundo de Carabineros, Rayén Currihuil, de 23 años, en el centro de Santiago de Chile, ha movilizado al Gobierno de Gabriel Boric para fortalecer el control territorial en medio de una profunda crisis de delincuencia. La vicepresidenta, Carolina Tohá, se ha reunido esta mañana con las principales autoridades de las policías para coordinar una batería de propuestas en materia de seguridad que le presentarán a Boric este viernes, cuando regrese del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (Apec), celebrado en San Francisco, Estados Unidos. Currihuil, herida la tarde del miércoles durante una fiscalización a dos motoristas, se mantiene “estable dentro de su gravedad” y sin riesgo vital. El carabinero que la acompañó durante el procedimiento abatió a tiros al atacante.

“No es primera vez que funcionarios policiales reciben una granada, pero ha sido muy pocas veces, y no queremos que se haga habitual”, sostuvo Tohá tras reunirse en el Palacio de La Moneda con el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y los altos mandos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI). En el encuentro, las autoridades de Gobierno les pidieron a las policías “proponer medidas concretas” para fortalecer el control territorial, como despliegues de punto de control y fiscalización de mayor complejidad. El plan busca hacer frente a “la lucha contra un nuevo tipo de delito, que es de organizaciones criminales, de delincuentes violentos que hacen uso de armas de fuego y, como ocurrió ayer, también armamento de características bélicas”, apuntó Monsalve.

El subsecretario descartó, por ahora, que el Gobierno vaya a decretar el Estado de Excepción constitucional -desplegar a los militares- en la Región Metropolitana de Santiago.

El ataque, que ha causado conmoción nacional por el nivel de violencia y por la víctima, ocurrió sobre las 19.00 horas del miércoles, en la esquina del Club Hípico con Centenario, en el municipio de Santiago. Dos agentes de Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP), vestidos de civil, sospecharon de dos hombres detenidos en una motocicleta y los fiscalizaron. Al momento del procedimiento, uno de los interrogados, de nacionalidad venezolana, sacó de su ropa una granada y la lanzó directamente al cuerpo de los policías, impactando en la cabo Currihuil. “Uno de los carabineros, el acompañante de la agente lesionada, extrajo su armamento y repelió el ataque con su arma de servicio, resultando fallecido el sujeto a pocos metros del sitio del suceso”, informó el general jefe de Carabineros de la zona Santiago Oeste, Marcelo Lepín. El otro motociclista se fugó y aún se desconoce su paradero.

Currihuil, oriunda de Temuco, 680 kilómetros al sur de Santiago, resultó herida en una pierna y en el tórax. El nuevo Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía acudió al lugar del suceso. La granada utilizada, según los detalles de las pesquisas informados por el fiscal Luis Contardo, es de origen peruano y no se sabe su marca, modelo y cómo la ingresaron a Chile. Las granadas son “elementos prohibidos de tenencia para la población en general” y solo las Fuerzas Armadas tienen permitido acceder a ellas “porque son elementos de guerra”, apuntó el fiscal Contardo.

Los partidos de la derecha histórica, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, pidieron en el Congreso tipificar como delito el ingreso clandestino a Chile. “Lamentamos profundamente lo que ha ocurrido con esta carabinera que ha sido víctima de un delincuente extranjero. Necesitamos tener la nueva ley que modifica la ley 21.325 que tipifica el ingreso clandestino como delito, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. La gente está aburrida de estos delitos importados, del secuestro, del sicariato, de esta agresión con una granada, cosa nunca antes vista en Chile”, plantearon en la Cámara.

El suceso ocurre cuando la proporción de personas con alto temor a sufrir un delito alcanza el 30,5%, su máximo histórico desde el 2000, cuando la Fundación Paz Ciudadana puso en marcha el registro.