El Govern se niega a pagar la deuda pendiente de la pobreza energética

La consejera de Empresa, Àngels Chacón, ha rechazado este miércoles que el Govern tenga que asumir, como pide Endesa, parte de la deuda acumulada por familias vulnerables en situación de pobreza energética. En el Parlament, Chacón ha explicado que propondrá un convenio según el cual las suministradoras tendrán que pagar el 100% de la deuda, tal como piden las entidades sociales. El gobierno de Quim Torra se niega así a asumir la responsabilidad económica de la ley catalana 24/2015 contra la pobreza energética, que indica que las administraciones deben establecer acuerdos con las empresas, aunque no especifica quién se hace cargo de la deuda.

La problemática por quién debe pagar la deuda energética de las familias vulnerables empieza en la redacción de la ley que las protege. La 24/2015, la última ley aprobada por el gobierno de Artur Mas, indica en su artículo seis que “las administraciones públicas deben establecer los acuerdos o convenios necesarios con las compañías de suministro de agua potable, de gas y de electricidad para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial o les apliquen descuentos muy notables en el coste de los consumos mínimos”.

El redactado no especifica quien tiene que hacerse cargo de la deuda ni en qué porcentaje, ni detalla la cuantía de las ayudas a fondo perdido que deberían asumir las empresas. La ley se aprobó después de que el Tribunal Constitucional tumbase dos decretos catalanes sobre pobreza energética, precisamente porque indicaban que la deuda se debía repartir al 50% entre administraciones y empresas, cosa que, según el tribunal, invadía competencias estatales. Tras aprobar la ley, la Generalitat propuso un convenio y recuperó el pago al 50%, pero Endesa lo rechazó.

Así, el detalle sobre cómo se deben repartir la deuda las administraciones y las empresas no consta en ningún texto con validez, y tiene que materializarse, como dice la ley, en un nuevo convenio. Mientras tanto, la deuda energética con Endesa ha ascendido a los 21 millones de euros. La compañía, a finales de julio, envió una carta a los ayuntamientos reclamando el dinero, y retomó la propuesta que había rechazado anteriormente: se haría cargo del 50% de la deuda, siempre que las administraciones asumieran la otra mitad.

Los ayuntamientos rechazaron tener que pagar, y consideraron que es la Generalitat, como promotora de la ley, la que tiene que asumir la mitad. Las entidades sociales y partidos políticos como los comunes, en cambio, creen que es la suministradora la que tiene que asumir la totalidad de la deuda.

La consejera Chacón, en la sesión de control al Govern llevada a cabo ayer en el Parlament, ha asegurado, respondiendo a una pregunta de la portavoz de los comunes, Susana Segovia, que presentará un nuevo convenio para que la empresa asuma toda la deuda. “Estamos al lado de las personas que más sufren”, ha dicho. Aún así, ha admitido que la Generalitat, con la ley en la mano, "no tiene fuerza coercitiva" para obligar a Endesa a asumir toda la deuda.

El pleno en el Parlament también ha irrumpido otro problema social: el del ERE y el cierre de las plantas de General Cable en Mollet del Vallès y Montcada y Reixac. Un grupo de trabajadores protestó en la cámara catalana por lo que consideran unos despidos que no se justifican por razones de productividad de las fábricas, sino por una reorganización de la empresa.