Dinero público para paliar los errores de cálculo en los avales de Avalmadrid

En 2011, Avalmadrid y la Comunidad de Madrid firmaron un convenio en el que se explicitaba la cantidad de avales fallidos que creía el ente que habría hasta 2020, y en consecuencia, el dinero que tendría que provisionar el Gobierno regional para hacer frente a su parte de esos créditos (7,73 millones de euros). Un año después, el convenio fue revisado a la baja. Los problemas llegaron en 2014, cuando la cifra real de avales fallidos superó la prevista en la revisión, lo que se consideró como una advertencia de que el problema se repetiría en 2015. Hubo que rehacer los cálculos al alza: la Comunidad tuvo que pasar de provisionar 2,9 millones a 4,5.

"Con fecha 24 de septiembre de 2014 se recibe un escrito de Avalmadrid comunicando las operaciones que han sido consideradas como fallidas", explicaron las dos partes en un documento al que accedió EL PAÍS. "El importe del gasto correspondiente para la Comunidad de Madrid de estas nuevas operaciones declaradas como fallidas excede la anualidad prevista", sigue. "Además, en ese mismo escrito Avalmadrid también ha comunicado oficialmente que para 2015 hay una previsión de fallidos por un importe que supera la anualidad prevista para 2015", añade. Y subraya: "Los motivos por los que se ha producido este incremento de las operaciones fallidas son consecuencia del incremento de la morosidad, que responde tanto a factores económicos como a intervenciones de naturaleza política o regulatoria".

En total, la Comunidad de Madrid destinó más de 10 millones de euros solo entre 2012 y 2016 a financiar al ente, según una respuesta parlamentaria. La cifra siguió aumentando en los tres años siguientes, hasta unos 15 millones, cuando se firmaron diversos convenios por al menos cinco millones de euros. La Consejería de Economía no aclaró este lunes cuál era la cantidad exacta.

El Gobierno regional hizo todas esas aportaciones porque tiene más de un 30% de las participaciones de esta sociedad de garantía recíproca. Por ello ha venido nombrando a consejeros y directivos. Y, sin embargo, se ha escudado en su carácter semipúblico para no dar información a los diputados de la Asamblea, para no incumplir, argumenta, "con el deber de lealtad regulado en la ley de sociedades, y con el deber de confidencialidad regulado en el propio reglamento de Avalmadrid".

No es una cuestión menor. El PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos quieren impulsar una comisión de investigación en la Cámara regional sobre los avales concedidos por Avalmadrid entre 2007 y 2018, lo que incluiría una polémica operación de 2011 con una empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta.

Para que la investigación tenga alguna posibilidad de ver la luz, primero es preceptivo que la Mesa de la Asamblea considere que cumple con el requisito de ser de interés público. Y el PP argumentará que no lo hace porque la entidad no lo es.

Registro a tres

Sin embargo, fuentes parlamentarias admiten que se puede argumentar una cosa y la contraria: que se debe investigar qué se ha hecho con las decenas de millones de euros públicos invertidos en un ente donde el Gobierno regional nombra al presidente y a varios consejeros; y que esta no es estrictamente una compañía pública, por lo que no cabe investigarla en la Cámara regional.

Hoy, precisamente, el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos Madrid en Pie registrarán la petición de crear la comisión, que adelantó este periódico.

Ángel Gabilondo, el portavoz del PSOE y ganador de las últimas elecciones, será el encargado de defender la propuesta. Su futuro está en manos de las derechas: o Ciudadanos o Vox la avalan, o Avalmadrid no será investigada en la Asamblea.