Un grupo de trabajo de la ONU pide la libertad de Forn, Rull, Romeva y Bassa

El grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU, dependiente del Consejo de Derechos Humanos, considera que los exconsejeros de la Generalitat Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa fueron arrestados de forma arbitraria y demanda su puesta en libertad inmediata. Los cuatro han estado en prisión preventiva desde marzo de 2018 y desde junio pasado están a la espera de la sentencia del juicio del procés, acusados de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de fondos públicos

La opinión publicada este jueves coincide con otra similar publicada a finales de mayo pasado que se refería al exvicepresidente Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Entonces, el Gobierno español protestó por aquel texto, del que dijo ser el “fruto de manipulación”.

La ponencia concluye que su encarcelamiento "contraviene" varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El grupo de trabajo aprobó la ponencia el pasado 26 de abril, solo un día después del texto que se refería al exvicepresidente económico.

El nuevo texto insiste en las demandas realizadas para Junqueras y los Jordis, en el sentido de que se adopten “las medidas necesarias para remediar la situación” de los cuatro exconsejeros, presos a causa del juicio del procés celebrado en el Tribunal Supremo, “sin dilación”. Además, el grupo de trabajo recomienda tener en cuenta todas las circunstancias para dejarlos en libertad y abrir la vía para que tengan derecho a “una indemnización y otros tipos de reparación”.

El Gobierno, sin embargo, no tendría competencias para poner fin a la prisión preventiva de los políticos en prisión, puesto que su caso está en manos de la justicia.

Además, el grupo de trabajo de la ONU aconseja al Gobierno español que encargue una investigación exhaustiva e independiente acerca de “las circunstancias” de la privación de libertad.

Uno de los puntos del grupo de trabajo considera que el "elemento de violencia" es esencial para la calificación penal de los delitos de sedición y rebelión. Y considera que sus miembros "fueron persuadidos" de que las acciones de los cuatro consejeros antes y después de las manifestaciones del 20 y 21 de septiembre de 2017 "no fueron violentas" ni incitaron a la violencia.