Archivada la última investigación sobre la financiación de los socialistas valencianos que seguía abierta

La juez de Benidorm Elena Zabala ha archivado la última investigación sobre la supuesta financiación irregular de los socialistas valencianos, el conocido como caso Crespo Gomar, que seguía abierta. Tras examinar la adjudicación del sistema para pulsar la opinión de los ciudadanos —los opinómetros— por 193.000 euros en la meca del turismo de sol y playa, la instructora concluye que no se aprecia "irregularidad alguna merecedora de reproche penal".

El caso Crespo Gomar nació con una denuncia del Partido Popular a la policía. La juez de Valencia Nieves Molina, conocida por haber instruido entre otras causas la del accidente de metro de 2006 y el caso Blasco, archivó el asunto al concluir que los posibles delitos electorales —financiación irregular— del PSPV-PSOE y del Bloc en las campañas de 2007, sobre la que apuntaba que existían indicios, a través de la agencia de publicidad y organización de eventos Crespo Gomar, había prescrito.

Molina consideró, sin embargo, que cuatro adjudicaciones vinculadas a la agencia podían ser constitutivas de prevaricación y malversación de caudales públicos, cuyo plazo de prescripción es mayor, y las remitió a los juzgados de Madrid (dos contratos), de Gandia y de Benidorm.

En el procedimiento de Benidorm, el único que se mantenía abierto, había seis imputados, entre ellos el exalcalde socialista Agustín Navarro. La magistrada de Benidorm concluye en un auto de cinco páginas notificado este viernes a las partes que ninguna de las posibles irregularidades detectadas por Molina se ha confirmado.

"Los hechos investigados no pueden ser constitutivos de infracción penal toda vez que no se desprende que las irregularidades indiciariamente susceptibles de investigación merezcan reproche penal, así en el proceso de contratación por el que el Ayuntamiento de Benidorm adjudicó a la empresa Opino Media el contrato de suministro del sistema de comunicación TIC (opinómetros) no se aprecia irregularidad alguna merecedora de reproche penal", indica la resolución, contra la que cabe recurso.