Junqueras y Romeva piden amparo ante el Constitucional por su suspensión como diputados

El líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el exconseller Raül Romeva han presentado este miércoles un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el auto del Tribunal Supremo del 9 de julio que les suspendió como diputados del Parlament. En el recurso, ambos políticos consideran que la decisión del alto tribunal supone la violación de los derechos fundamentales a la libertad ideológica y de expresión, a la participación y representación políticas, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, entre otros.

Más información

Llarena cierra el sumario del ‘procés’ y suspende como diputados a Puigdemont y Junqueras

Su suspensión como diputados ha generado varias controversias en el Parlament: la Cámara catalana aún no ha decidido cómo proceder ante el auto dictado por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, y ERC y PDeCAT llevan semanas sin ponerse de acuerdo, lo que llevó a que se suspendiera un pleno en julio y a retrasar el Debate de Política General hasta octubre. Junts per Catalunya -candidatura electoral independentista que se presentó a los comicios catalanes de 2017 configurada como una coalición electoral entre el PDeCATy CDC-, primer grupo independentista del Parlament, se negó entonces a que el expresident  Carles Puigdemont fuera sustituido tras la suspensión decretada por Llarena. Esa condición suponía otorgar un trato diferenciado a Puigdemont respecto a los otros parlamentarios suspendidos y acarreó un conflicto con Esquerra que forzó al presidente del Parlament, Roger Torrent, a suspender el último pleno programado antes del parón veraniego. 

Este miércoles por la mañana, Torrent y dirigentes del PDeCAT y ERC se han reunido con los exparlamentarios presos en la cárcel de Lledoners (Barcelona) para abordar la suspensión de estos de sus cargos y buscar una fórmula que no altere las mayorías. Con las diferentes reuniones se buscaba conocer la posición de los políticos encarcelados y tratar de consensuar una propuesta con la que resolver el bloqueo producido en el Parlament tras la suspensión de sus diputados. 

Los diputados suspendidos temporalmente, hasta que se celebre el juicio contra ellos, son el exvicepresidente Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez (número dos de la lista de Junts per Catalunya por Barcelona) y los exconsellers Raül Romeva (ERC), Jordi Turull (PDeCAT) y Josep Rull (PDeCAT) —recluidos en la prisión de Lledoners— , así como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (PDeCAT) y el exconseller Antoni Comín (ERC), que residen en Bélgica. 

El encuentro en la cárcel de Lledoners, avanzado por Nació Digital, ha servido, según fuentes de los republicanos, para tratar de superar los desacuerdos entre ambas formaciones independentistas y ultimar la propuesta que debe ser planteada en la cámara antes del Debate de Política General que empezará el 2 de octubre. Fuentes del PDeCAT han indicado que la de este miércoles ha sido una de los encuentros que ha habido desde julio y que continuarán produciéndose en los próximos días hasta llegar a un acuerdo. 

El pasado 9 de julio, ocho meses después de hacerse cargo de la causa abierta contra la cúpula independentista catalana, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dio por concluido el sumario. Llarena dejó a los 18 procesados a las puertas del juicio, que previsiblemente se celebrará a finales de 2018 o principios de 2019, y antes de cerrar la investigación el juez ordenó suspender como diputados a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los otros cuatro parlamentarios procesados por rebelión que están en prisión preventiva, esto es, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez.

Este fue el último auto de Llarena como instructor, e incluyó la estocada política definitiva a la cúpula de procés: la suspensión como diputados del expresident Puigdemont y los cinco diputados encausados por rebelión que están en la cárcel. Esta medida responde a la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que prevé la suspensión automática para ejercer cargo público de los procesados por rebelión sobre los que se haya decretado la prisión provisional.