La Generalitat exige a Marlaska que no se involucre en los lazos amarillos

La Generalitat no quiere que el Gobierno se inmiscuya en la controversia sobre la colocación y retirada de lazos amarillos y otros símbolos independentistas en las calles de Cataluña. El consejero de Interior del Gobierno catalán, Miquel Buch, ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que le recuerda que las competencias en materia de orden público son exclusivas de los Mossos d'Esquadra.

Buch ha enviado a Marlaska una misiva a propósito de la próxima Junta de Seguridad. El ministerio propuso incluir en el orden del día un "análisis general" de la seguridad pública en Cataluña y, en particular, sobre la "convivencia en el espacio público". Una alusión indirecta a la polémica generada por la retirada de lazos amarillos por parte de grupos de personas que, en algunos casos, han sido identificadas por los Mossos. Esas identificaciones han provocado que, este mismo lunes, la Fiscalía Superior de Cataluña haya abierto diligencias de investigación.

El consejero agradece el "interés" de Marlaska, pero recuerda que la seguridad ciudadana es una "competencia exclusiva" de la Generalitat. También lo es, añade, la "función de autoridad gubernativa", es decir la capacidad de los Mossos para abrir expedientes por vulneración de normativas. "Es en este ámbito en el que se suscribe la utilización del espacio público y la persecución de los hechos de violencia vinculada a la libertad de expresión que se puedan producir en este espacio público", escribe Buch en una clara referencia a la retirada de lazos amarillos.

Tras conocer la investigación de la fiscalía, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha salido en apoyo de los Mossos y ha defendido que identifiquen a las personas que retiran lazos. "¿Cómo puede ser que la fiscalía no investigue los hechos del 1 de octubre?", se ha preguntado Torra. En la misma línea se ha expresado Buch en la carta. El consejero pide al ministro que depure las "eventuales responsabilidades" de aquellos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se han visto "presuntamente involucrados en situaciones de conflicto con ciudadanos y representantes públicos de Cataluña".