Construcuatro deberá pagar 3,7 millones por los sobreprecios en viviendas de protección en Vigo

El fallo del alto tribunal ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSX) y confirma el cobro de sobreprecios por lo que la empresa deberá pagar la sanción de casi 2,5 millones de euros impuesta por la Xunta y devolver más de 1,2 millones a los propietarios perjudicados.

La sentencia de casación difundida este jueves que viene a desestimar el recurso interpuesto por Construcuatro, inhabilita además a la promotora de Pontevedra durante un período de seis años para poder ejecutar proyectos de vivienda protegida en la Comunidad gallega, dando la razón a los 30 propietarios que denunciaron a la empresa en este procedimiento, aunque en realidad son 62 los compradores afectados.

El abogado de la acusación ha explicado que pedirá la ejecución de la sentencia para agilizar en lo posible el pago de las indemnizaciones a los afectados aunque cree poco probable que puedan cobrar antes de un año. Una larga lista que para el letrado Antonio Salceda deben de estar en el lugar preferente para recuperar su dinero los treinta propietarios que denunciaron.

La batalla judicial contra Construcuatro comenzó con una denuncia por la vía penal en 2006 por parte de dos de los afectados que pusieron al descubierto el fraude de la empresa. En la denuncia se dejó constancia que el cobro de sobreprecios se realizaba a través de intermediarios que los justificaban ante los compradores como aparentes mejoras en los pisos protegidos que vendían en el barrio vigués.

Los sobreprecios oscilaban entre 10.000 y 35.000 euros, según los casos, aunque en los contratos de de venta ni en la escritura de los inmuebles figuraba la entrega de este dinero, sino que se realizaba en mano. Aunque la empresa negó los sobreprecios durante el proceso, sí reconoció implícitamente los pagos por las supuestas mejoras en las viviendas. Según el abogado Antonio Salceda, lo hizo al realizar posteriormente una declaración complementaria a Hacienda con el propósito de eludir un posible delito fiscal, informa Europa Press.

Aunque la denuncia fue finalmente archivada por la vía penal, al considerar el juzgado instructor que no había indicios suficientes de engaño por parte de la promotora, la Xunta impuso una sanción administrativa que dio origen al contencioso ya que, según ha recordado el abogado, "la ley es clara y taxativa cuando dice no se puede cobrar sobreprecio en un piso protegido por ningún motivo".

Construcuatro recurrió esta sanción, pero el alto tribunal de Galicia ha confirmado la multa administrativa que le había impuesto el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo de la Xunta y la obligación de devolver las cantidades indebidamente cobradas a todos los compradores.