La Guardia Civil acusa a Junqueras de malversar un millón con las cartas para el referéndum

La Guardia Civil está empezando a acreditar la presunta malversación de fondos públicos en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Los investigadores atribuyen a cinco exconsejeros de la Generalitat, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras, haber tramitado las facturas que se pagaron a la empresa de mensajería Unipost para que distribuyera las cartas necesarias para la consulta. El gasto solo en esa partida -que incluye las misivas a los miembros de las mesas electorales y al conjunto de los votantes- asciende a 979.661 euros, según un informe remitido al juez al que ha accedido EL PAÍS.

Tras registrar la sede de Unipost, tomar declaración a sus responsables y analizar abundante documentación, los agentes llegan a la conclusión de que la empresa emitió cinco facturas a cinco departamentos de la Generalitat. La Guardia Civil considera probada la "implicación" de los consejeros y secretarios generales "en la realización-autorización de las facturas para el pago de Unipost por su servicio para el referéndum". El informe cita al exvicepresidente Junqueras y a los titulares de Trabajo (Dolors Bassa), Presidència (Jordi Turull), Salud (Antoni Comín) y Cultura (Lluís Puig), así como a sus respectivos secretarios.

El informe, remitido al juez de Barcelona que investiga el referéndum, destaca que se ha producido un "concierto entre actores públicos y privados" para celebrar la consulta y proclamar la independencia por la vía unilateral. En ese "concierto", Unipost prestó el servicio a la Generalitat. La empresa pretendió distribuir unas 56.000 cartas certificadas dirigidas a los componentes de las mesas electorales, y otras 5,3 millones de cartas ordinarias remitidas al conjunto de los ciudadanos con derecho a voto.

Certificados "manipulados"

La gestión estuvo plagada de irregularidades, según los investigadores. Para empezar, los responsables de Unipost hicieron el reparto de las cartas "utilizando a personal y medios logísticos" de la empresa, pero evitaron contabilizar el servicio en "los sistemas de control informático". Además, no informaron de esa gestión al administrador concursal de la compañía. Los agentes acusan a la empresa de manipular los certificados "simulando la autenticidad de ese documento público-mercantil para hacer creer a los destinatarios que se trataba de una comunicación oficial por parte de la Generalitat". Este hecho tiene importancia, dicen los agentes, porque "los responsables" del referéndum "intentaron transmitir la imagen de que se trató de unos comicios legítimos con todas las garantías".

La Guardia Civil está analizando todas las partidas supuestamente gastadas por la Generalitat para organizar el referéndum. En caso de acreditarse, podrían constituir un delito de malversación de fondos públicos. Además de casi un millón en las cartas, los investigadores ven acreditado que el Gobierno catalán gastó 502.639 euros en las campañas de publicidad en medios de comunicación para promover la participación. Los agentes exploran ahora otras partidas, como el software, las páginas web, los informes, los actos de clausura o la actividad del Diplocat.