El Tribunal Superior valenciano ordena prorrogar el concierto escolar a un quinto colegio

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha vuelto a tumbar, cautelarmente, una decisión de la consejería de Educación, que depende de Vicent Marzà, de Compromís, coalición que comparte con los socialistas las tareas de Gobierno. Y ya van cinco resoluciones que obligan a la Generalitat a renovar los conciertos educativos con cinco centros privados que la consejería decidió anular o no prorrogar. Esta vez afecta al concierto de una unidad de bachillerato del Colegio La Purísima, Hermanas Franciscanas de la Inmaculada de Alzira (Valencia). Los magistrados han estimado la medida cautelar solicitada por el centro educativo y han ordenado la renovación provisional del concierto hasta que el Tribunal valenciano se pronuncie sobre el fondo del pleito, y decida si el decreto de la consejería es ajustado a derecho.

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Al igual que en los casos anteriores, el TSJ tiene en cuenta la posibilidad de que la renovación del concierto, en contra del criterio de la Generalitat, pudiera causar "algún perjuicio a los intereses públicos o de terceros", y exige por ello al colegio una garantía equivalente al importe del concierto de la unidad suprimida durante dos años, plazo medio de tramitación y resolución de los recursos.  Será Educación la que determine la fianza necesaria que el colegio deberá garantizar.

Este es el quinto colegio, antes fueron La Purísima, Domus, La Salle y Saint Patrick School, para el que el TSJCV dicta una resolución de mantenimiento cautelar de unidades concertadas. Los magistrados justifican su decisión en el hecho de que, de no adoptarla, el centro y los alumnos pueden "sufrir daños irreparables", y que, con la paralización temporal de la medida el servicio público que ofrece la administración no sufre merma o perjuicio alguno. El Colegio La Purísima, ubicado en Alzira, ha acreditado que la suspensión del concierto afectaría a 28 alumnos.

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha denunciado que desde el año 2012, el Gobierno, entonces en poder del Partido Popular, eliminó más de 500 aulas educativas públicas, y ha resaltado, por el contrario, que el ejecutivo que preside el socialista Ximo Puig, ha abierto más de 800 unidades educativas, eliminando solo dos aulas concertadas. "Esta es nuestra carta de presentación y la de quienes quieren hacer de la educación un campo de batalla, nada que añadir", ha indicado Oltra. "No podemos hacer una inversión porque tenemos que pagar a una empresa privada por un servicio que ya tenemos en la pública", ha señalado al ser preguntada por las resoluciones del Tribunal valenciano. La Generalitat recurrirá en todos los casos ante el Tribunal Supremo.