El TSJ ordena a la Generalitat Valenciana la prórroga de los conciertos con otros dos colegios

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha suspendido cautelarmente dos resoluciones de la consejería de Educación que rechazaba la renovación del concierto educativo a dos centros escolares valencianos. El colegio Saint Patrick School y el instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle), que pueden seguir recibiendo financiación pública hasta que se resuelva si la decisión del Gobierno valenciano de no renovar los conciertos es ajustada a derecho.

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En sendos autos se apela a la doctrina del Tribunal Supremo como ya hiciera en dos resoluciones anteriores con los colegios DOMUS y La Purísima-Franciscanas. El Tribunal valenciano valora los perjuicios que se les causaría a los centros, los escolares y sus familias de no suspenderse la decisión administrativa aprobada el pasado mes de mayo. Pero impone a los centros la obligación de adelantar el importe que tendría derecho a recuperar la Generalitat en el supuesto de que la resolución fuera confirmada por la Justicia.

El TSJCV exige hacer efectivo el aval de la financiación pública que reciben de la Generalitat por los conciertos. "La suspensión cautelar del acto administrativo recurrido implica la continuación en el disfrute de la financiación pública por el colegio afectado mientras dure la tramitación y resolución del recurso contencioso-administrativo", señala el auto. 

En el caso del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, el TSJCV acuerda la renovación del concierto educativo solicitado para cuatro unidades de bachillerato. El colegio Saint Patrick School recupera cautelarmente tres unidades (un aula de 3 año, una de 4 y una de 5) para el mismo periodo.

La Generalitat valenciana recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) los dos nuevos autos del Tribunal Superior valenciano que ordenan la renovación cautelar de conciertos educativos a dos centros privados. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana también decidió mantener la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo en educación no universitaria aprobado en febrero por la Generalitat. El decreto fue recurrido por la Diputación de Alicante, el PP y el sindicato CSIF, al considerar que postergaba al castellano.