La Generalitat avisa a sus abogados de que no pueden usar el castellano

El Gobierno catalán ha advertido a los responsables de sus departamentos de que los abogados que tramitan sus asuntos no pueden emplear en ningún caso el castellano y tienen la obligación de impulsar los procedimientos solo en catalán. En una carta, la jefa de servicios jurídicos de la Generalitat, Margarida Gil, avisa de que ha tenido conocimiento que "en determinados pleitos que afectan a entidades del sector público de la Generalitat, la representación y defensa se realiza en lengua castellana". Gil recuerda que una ley de 2013 obliga a los letrados a emplear el catalán y advierte de que esa obligación es "un requisito de contratación" de los abogados externos que, puntualmente, colaboran con la Generalitat.

La carta a la que ha accedido EL PAÍS está dirigida al secretario general de Salud, Albert Serra, aunque de su contenido se deduce que ha sido remitida también al resto de departamentos. La jefa de los servicios jurídicos recuerda que, el 7 de mayo de 2013, el Gobierno catalán aprobó un acuerdo por el que los abogados de la Generalitat no solo deben emplear el catalán en los pleitos en los que se ve involucrada la administración pública, sino que han de solicitar a los jueces que "la tramitación del procedimiento se realice en lengua catalana".

Pero esa orden, advierte, no se está cumpliendo. "Algunos órganos judiciales de Cataluña", dice Gil, han informado a la Generalitat de que "en determinados pleitos" que afectan a "entidades del sector público de la Generalitat, la representación y defensa se realiza en lengua castellana". Esos abogados "tampoco plantean que la tramitación del proceso sea en lengua catalana". Esas anomalías se producen principalmente, agrega la carta, en "organismos autónomos, entidades de derecho público y empresas públicas de la Generalitat". Y afectan tanto a los servicios jurídicos de esas entidades como a los abogados externos que, "en casos puntuales", son contratados por la administración.

La misiva pide "a todos los secretarios generales" que recuerden sus obligaciones a los responsables de las entidades para que los abogados "utilicen el catalán en todas las actuaciones judiciales que lleven a cabo en Cataluña". El mandato, finaliza la carta (fechada el pasado 8 de mayo), afecta también a los abogados externos. El cumplimiento de esas obligaciones lingüísticas es "un requisito" para que sean contratados.

El acuerdo de mayo de 2013 obedecía al reducido uso del catalán en sentencias judiciales, que en 2011 solo suponían un 13,1% del total.