Instituciones Penitenciarias culmina el cambio de cárcel de Rosario Porto

La madre de Asunta Basterra, Rosario Porto, condenada junto a su exmarido a 18 años de prisión por el asesinato de la pequeña en Santiago, ha llegado esta tarde en torno a las 15.30 horas a la prisión pontevedresa de A Lama después de ser dada de alta en el CHUAC (Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña) de una intoxicación con fármacos que ingirió en la cárcel coruñesa de Teixeiro.

Porto apareció desplomada en el suelo de su celda el viernes 24 de febrero por la mañana tras tomar, como ella ha reconocido después, gran cantidad de pastillas para evitar el traslado de centro penitenciario, que iba a tener lugar aquel día. La madre de Asunta, que sigue sin admitir los hechos por los que fue condenada en 2015 junto con Alfonso Basterra como coautor, permaneció desde aquella jornada ingresada, primero en la UCI y después en planta, en la zona del hospital prevista para la estancia de reclusos.

Hoy ha recibido el alta médica y, en contra de lo que ella deseaba, ha sido conducida a A Lama después de pasar a recoger sus cosas en la cárcel en la que estaba presa desde pocos días después del hallazgo del cuerpo de su hija en la madrugada del 22 de septiembre de 2013. Su abogado, José Luis Gutiérrez Aranguren, pidió la semana pasada que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias reconsiderase la decisión de trasladar a su clienta de cárcel.

La orden de traslado ha culminado al fin mientras los representantes sindicales del personal de prisiones reclaman a Instituciones Penitenciarias que lleve a cabo la investigación interna de los hechos que anunció en su día y que haga públicos los resultados. La versión oficial sostuvo desde el primer momento que Porto había sufrido las consecuencias de una "mala reacción" al tratamiento, pero ella ha asegurado a su abogado defensor en el hospital que ingirió las pastillas porque "ya no puede más". No es el primer episodio de este tipo. Ha habido otras ocasiones, también antes del juicio con jurado popular por el que acabó condenada, en las que la reclusa dejó de tomar los ansiolíticos pautados para su depresión, hizo acopio y los ingirió en un supuesto intento de suicidio.

La Sección Sindical de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) defiende que el caso de Porto no es un hecho aislado “ni en esta ni en otras prisiones” de España. A través del sindicato, los trabajadores de prisiones denuncian “el problema que supone para la salud de los internos y para la seguridad de los centros el actual sistema de reparto de la medicación”. Según dicen, la falta de personal impide el control y obliga a entregar a cada interno que sigue un tratamiento médico los fármacos para varios días sucesivos. Los medicamentos, sostienen, “circulan por los módulos sin supervisión alguna al carecer de los recursos humanos necesarios”.