Louzán pide declarar como investigado por un presunto cohecho

Un año después de que el entonces presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP de Pontevedra optase por el silencio cuando fue citado para declarar ante el juez de Cambados por presunto delito de cohecho continuado, Rafael Louzán pide ahora una comparecencia para ser interrogado sobre las supuestas irregularidades detectadas en el alquiler de unos locales comerciales al concejal popular de Pazos de Borbén Severino Reguera.

Louzán, actual presidente de la Federación Galega de Fútbol y también salpicado por la Operación Patos sobre presunta corrupción política, declarará el próximo lunes, tres días después de que el nuevo juez encargado del caso recibiera la petición del expolítico. El magistrado pretende reactivar el caso que lleva en instrucción dos años desde que el fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, presentase una querella para denunciar los hechos.

Precisamente la pasada semana también acudió al juzgado Reguera para declarar a petición propia y presentar diversa documentación con la que pretendía aclarar, entre otros puntos de la querella, el origen del dinero que le prestó a Louzán como adelanto de la compra de los alquileres. Aun así, fuentes judiciales indicaron que las explicaciones del concejal no resultaron convincentes ni despejaron los indicios penales sobre el caso.

Santaló concluye que Louzán y su esposa (en régimen de gananciales) adquirieron unos locales comerciales sabiendo que el precio de la compra (préstamo hipotecario) iba a ser pagado por la empresa de Severino Reguera, que entonces también era diputado provincial y militante del mismo partido. Cree el fiscal que se ha producido “un trato de favor” de Reguera —diputado provincial desde 2007— a Louzán y su esposa al pagar unos alquileres por encima del precio de mercado. El hecho de que la empresa de panadería del concejal, Brunopan, SL, arrendase los locales “supone un regalo” para sus dueños al pagarlos con el alquiler, señala en la querella.

La defensa de los tres implicados había solicitado el archivo de las diligencias al entender que no existen indicios de infracción penal pero el juez lo rechazó y emplazó a las partes a una comparecencia aunque se acogieron a su derecho a no declarar.

El fiscal incluso plantea que la compra y precio de los alquileres estaban pactados de antemano, mientras la defensa alega que Rafael Louzán compró el local en agosto de 2007, cuando hizo una primera entrega de 3.000 euros, mientras Reguera adquirió el local colindante cinco meses después. “Actuó como cualquier otro ciudadano en el marco de actividades propias de su vida particular” y nunca fue beneficiario de “un arrendamiento en función de su cargo”, argumenta su abogado.