Roca testifica como imputado por los cursos de formación de la CEC
El juez ha interrogado también por el presunto fraude al secretario general de Cierval
El presidente de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), José Roca, ha sido interrogado este lunes en calidad de imputado en la causa abierta para esclarecer si hubo fraude en unos cursos de formación organizados entre 2009 y 2010 por la organización empresarial.
El juez del juzgado de Instrucción 1 de Nules ha iniciado con él, y con otros dos imputados más, la investigación a raíz de la denuncia presentada este verano por la fiscalía de Castellón, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Junto a Roca, que es el representante legal de la CEC, han declarado el secretario general de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), Javier López, y un director de formación. Los dos primeros han testificado, pero el tercero se ha negado a hacerlo. Este lunes estaba citado otro cuarto imputado en esta causa que no ha acudido puesto que no ha podido ser localizado.
La investigación sobre el posible fraude en unos cursos de formación organizados por la patronal de Castellón se abrió a raíz de una denuncia de la Fiscalía. En ella, el ministerio público reclamó la declaración de los responsables de las dos patronales. Las pesquisas salpican a la Cierval porque fue la receptora de una línea de subvenciones de doce millones (a repartir entre sus filiales) de la Generalitat en los años investigados, de los que el juez investiga concretamente una partida de 418.700 euros transferida a la CEC para la realización de dos cursos que gestionaron las mercantiles Consultoría y Estudios AGP y Centro de Oficios RF.
La fiscalía cree que podría ser una partida fraudulenta al estimar que los cursos no se hicieron. La CEC lo niega, reduce el caso a un “asunto tributario” y recuerda que devolvieron el dinero más los intereses a la Generalitat cuando la Cierval no pudo justificar este gasto.
La denuncia de la Fiscalía que ha motivado la apertura de la causa estima que se han podido cometer un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad documental.
Desde la CEC han informado que Roca ha reiterado lo que desde la organización se explicó tras abrirse la causa: que los cursos sí se hicieron y fueron controlados y supervisados por el Servef, y que todo es un “asunto de carácter tributario de quienes han realizado las acciones formativas”.
Desde Cierval se desvinculan al considerar que toda la investigación rodea a unos cursos de formación gestionados por su filial en Castellón. Además, recuerdan que en aquellos años su secretario general era Rafael Montero, quien, desde hace años ostenta el mismo cargo en la CEC.
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