El TSJC rechaza que la cementera de Montcada queme residuos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado la autorización para que la cementera Lafarge de Montcada i Reixac queme residuos como combustible para desarrollar su actividad. El Ayuntamiento de la ciudad interpuso un recurso contra la Generalitat y la empresa por no haberles pedido su opinión cuando se produjo el cambio en la fuente energética. Los magistrados de la sala de lo contencioso administrativo dan la razón al Consistorio porque tenía derecho a conocer los efectos que produciría esta modificación sobre los vecinos.

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad autorizó el 12 de abril de 2011 a Lafarge para que pudiera sustituir parte del combustible fósil que hasta entonces utilizaba (coque de petróleo, el residuo que se genera tras el refinamiento) por combustible derivado de residuos (conocido con las siglas CDR). Concretamente se trata de los descartes de envases y plásticos que no pueden ser reciclados y que son triturados antes de ser quemados, según abundan desde Lafarge. La resolución fijaba que la empresa podía usar hasta 30.000 toneladas anuales. Hasta entonces, Lafarge ya contaba con la autorización para quemar otro tipo residuos (poso del café, lodos procedentes de depuradoras, harinas cárnicas, madera…), pero con la nueva autorización aumentaba el máximo un 43%.

El Ayuntamiento recurrió ante los tribunales porque consideró que el cambio de combustible no era baladí, así que tenía derecho a ser informado de ello. Defendía también que la modificación requería una nueva autorización ambiental y un informe municipal por la posible repercusión que pudiera tener a nivel de ruidos, vertidos en el alcantarillado o en la gestión de recursos municipales. El Departamento de Territorio y la empresa alegaron que el cambio era “no sustancial”, cosa que permitía “excluir la intervención del Ayuntamiento”. El tribunal, en cambio, considera que la nueva autorización tenía “efectos sobre las personas y el medio ambiente”, ya que, tal y como admitían la Generalitat y Lafarge en su documentación, la quema de residuos provocaría “un ligero olor a materia orgánica y a madera envejecida, así como la generación de residuos y vibraciones”, según consta en la sentencia con fecha del 8 de junio.

"Estamos muy satisfechos de esta sentencia porque reconoce la autonomía y nuestras competencias municipales", se ha felicitado la alcaldesa de Montcada, Laura Campos (ICV-EUiA-E). Desde Lafarge, que ha anunciado recurso ante el Supremo, defienden que la tramitación del permiso “ha sido impecable” en base a lo que dicta la ley. “No se informa al Ayuntamiento porque el nivel de contaminación no cambiaba”, añade Jaume Ramon, jefe de medio ambiente de Lafarge. La empresa asegura que la quema de este tipo de combustible, que empezó en 2011, no se detendrá por el momento porque “la sentencia no es firme”.

El Ayuntamiento batalla desde hace años contra la incineración de residuos -en 1999 el plenario municipal rechazó esta opción- y las molestias que genera la planta. Ya en 2008, gobierno municipal y entidades ecologistas mantuvieron una campaña en contra de que Lafarge usara como combustible lodos procedentes de depuradoras, una opción que la Generalitat en principio frenó por la presión vecinal, pero que posteriormente se autorizó. La cementera, asentada en el municipio desde 1917, acostumbra a ser uno de los focos de las críticas de los movimientos vecinales. La consideran una de las responsables del hecho que Montcada sea una de las ciudades más contaminadas de España. A la presencia de esta mole de cemento, la ciudad sufre la presión de dos vías de tren (con seis estaciones), tres autopistas y varias carreteras comarcales, y 10 polígonos.