Expertos universitarios cuestionan el papel de las diputaciones

El Grupo de Análisis sobre Territorios Rurales (Gater), formado por profesores de las cinco universidades públicas valencianas, ha elaborado un informe en el que se propugna una nueva política rural en la Comunidad Valenciana y se cuestiona el papel de las Diputaciones provinciales. Los diez profesores que forman Gater se reunieron con más de setenta expertos en un taller con el fin de examinar de manera integral todas las políticas que afectan a los territorios rurales y establecer las pautas para conseguir el mejor modelo territorial, según ha informado la Universitat de València (UV) en un comunicado.

Bajo el lema Hacia una nueva política rural y territorial en la Comunidad Valenciana. Incentivos territoriales, servicios públicos y gobernanza, en el taller participaron actores cualificados del medio rural de la Administración local y autonómica, los grupos de acción local, la sociedad civil y el empresariado rural. Los participantes, provenientes de diversos puntos de España, ven necesario un debate sobre la estructura institucional de los territorios rurales, en el que cuestionan y son críticos con el papel de las diputaciones, que muchas veces, al margen de otros posibles efectos, “favorecen redes clientelares de escasa eficacia en el desarrollo rural”.

En concreto, recoge que “actúan de hecho como un filtro de los fondos financieros, que por derecho corresponden a los municipios rurales, pero que a su paso por la diputación se convierten en instrumentos político-partidistas (dádivas) que se conceden según la discrecionalidad del partido político dominante”.

El informe destaca el coste ordinario de la propia diputación que se convierte “en una losa que detrae fondos necesarios entre otros ámbitos importantes, al propio desarrollo del territorio rural”. Uno de los coordinadores del informe y catedrático de la Universitat de València, Javier Esparcia, cree que “habría que replantearse la continuidad de esta institución, ya que una coordinación comarcal de los municipios obligaría a que la aplicación del criterio territorial como criterio técnico adquiriera relevancia, reduciendo la actual presencia, casi exclusiva como criterio, de la densidad demográfica”.

El estudio propugna la implementación de incentivos territoriales, mediante políticas de estímulo a las actividades económicas, a través de un enfoque estratégico, que incluya un apoyo decidido al sector privado. También defiende la necesidad de una nueva gobernanza rural que articule la sociedad civil y la política local, con gran importancia a la participación para lograr avances en cooperación territorial.