Fiscalía pide inhabilitar 12 años a cuatro ediles del PP de Orihuela

La fiscalía pidió el pasado 11 de febrero la apertura de juicio oral por un delito continuado de prevaricación administrativa durante el 2008 contra cuatro concejales del PP de Orihuela (Alicante): Manuel Abadía, Antonio Francisco Rodríguez, José Antonio Aniorte y Antonio Rodríguez Barberá (estos dos últimos continúan ejerciendo como ediles). Para cada uno de ellos pide 12 años y medio de inhabilitación de cargo público.

Entre los delitos descritos por el fiscal Pablo José Romero en su escrito al juzgado oriolano de instrucción número 3 destaca la aprobación de pagos de facturas que superan los 2,4 millones de euros pese al reparo del interventor municipal.

Abadía, Aniorte y Rodríguez Barberá, durante seis juntas de gobierno celebradas en un plazo de cinco meses, no se opusieron sino que propusieron los pagos de servicios prestados sin contratación o fiscalización alguna, sostiene Romero calificando estos actos como “flagrantemente ilegales”.

De esos pagos se benefició el empresario local y condenado a 35 años de prisión por delito fiscal, Ángel Fenoll. Dos de sus empresas de residuos urbanos, Proambiente y Colsur, recibieron al menos 1,9 millones de euros por sus servicios de tratamiento y recogida de basuras

El nombre de Fenoll aparece en varias causas instruidas en los juzgados de la capital de La Vega Baja. Está pendiente de que se le abra juicio oral por delito medioambiental, supuestamente orquestó los enterramientos ilegales de al menos un millón de toneladas de basura. Está considerado por la policía y la Fiscalía Anticorrupción como el cabecilla del caso Brugal, investigación que dibuja una trama de intereses políticos y empresariales entorno a la gestión de residuos y por la que están imputados el antiguo presidente provincial, José Joaquín Ripoll, y tres alcaldes oriolanos, entre ellos la última alcaldesa popular, Mónica Lorente, a quien Fenoll también pudo haber aupado al poder mediante financiación ilegal.

En su escrito, la fiscalía recoge situaciones que muestran el fraccionamiento de contratos para esquivar las normas de contratación administrativa y abusar de la contratación negociada y sin publicidad eludiendo la concurrencia pública. A Antonio Francisco Rodríguez, antiguo concejal delegado de alumbrado público, se le acusa del fraccionamiento “absolutamente inadecuado” del contrato de cambio de alumbrado, que acabó en 8 acuerdos que sumaban más de 200.000 euros. Seis de estos recayeron sobre la misma empresa, a veces incluso consistirían en distintos servicios efectuados en un mismo barrio.