Ángel Toña no dimite y remite su explicación a la Comisión Ética
Toña sostiene que es una "decisión en el ámbito de lo mercantil" y no una "sentencia penal", por lo que ha defendido que "no se puede hablar de condena"

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Angel Toña, ha decidido poner su destino en manos de la Comisión de Ética del Gobierno y va a remitir las mismas explicaciones que esta mañana le hadado al lehendakari, para que evalúe si su cargo es compatible. Según sostiene en una nota la actuación por la que ha sido inhabilitado como miembro de una administración concursal es una "práctica habitual" en estos procesos. El consejero acudirá al Parlamento a explicar su posición y dará "las explicaciones necesarias para la clarificación absoluta de esta cuestión" sobre la base de que la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia es una "decisión en el ámbito de lo mercantil" y no una "sentencia penal", por lo que ha defendido que "no se puede hablar de condena".
Toña ha optado por elevar a la Comisión Ética Pública del Gobierno vasco "toda la información que permita adoptar una decisión a la mayor brevedad posible". La Comisión está presidida por el consejero de Justicia y Portavoz, Josu Erkoreka. En dicho código se identifican las conductas exigibles a todos ellos, así como las sanciones que conlleva su incumplimiento y establece que la actuación de los altos cargos debe inspirarse en valores como la integridad, la honestidad y la honradez, mientras que su labor debe responder a principios como la imparcialidad y la transparencia.
Aunque Toña ha sido condenado en un proceso mercantil antes de ocupar su cargo de consejero, el código establece que la comisión ética será la encargada de emitir una recomendación en el caso de que el cargo público esté inmerso en un hecho de "singular relevancia pública". En uno de los artículos de este código se habla de "ejemplaridad" en la actuación de todos los cargos públicos y se indica que éstos "deben evitar cualquier acción u omisión que perjudique, siquiera mínimamente, el prestigio, la dignidad o la imagen institucional" de la Administración vasca. La sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia fue notificada a las partes el pasado día 4.
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