Ortiz llega a declarar y su abogado justifica los regalos a funcionarios

El constructor Enrique Ortiz ha entrado a los juzgados de Alicante para declarar como imputado en la pieza separada del caso Brugal sobre el plan urbanístico de Rabasa, donde la investigación apunta que fue presuntamente beneficiado por la exalcaldesa popular Sonia Castedo.

Ortiz ha llegado a 9.50 horas al palacio de justicia de Benalúa, unos minutos antes que su abogado, Francisco Ruiz Marco, para ser interrogado por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de  influencias por el titular del juzgado de Instrucción número 6, Juan Carlos Cerón, en un caso donde EU-IU y el PSPV-PSOE ejercen las acciones populares.

El constructor no ha hecho declaraciones a su llegada ante los numerosos periodistas y su abogado ha señalado que su defendido llega para "cumplir con sus obligaciones, como hace habitualmente" y que se encuentra "perfectamente".

Preguntado por los regalos dados a políticos y funcionarios, Ruiz Marco ha manifestado que "eso no es ningún problema" dado que es "algo absolutamente sabido y legal".

"No es nuevo, es una costumbre en España y muchos países que en Navidad se tengan detalles con personas conocidas, y no constituye delito, en principio" y a expensas "de la decisión del juez".

Minutos después de la llegada del empresario, sindicalistas de UGT han desplegado una ristra de chorizos junto a la entrada en protesta por la falta de personal y el "colapso" de la Justicia.

La declaración de Ortiz, que además es el principal adjudicatario de contratas del ayuntamiento de Alicante, se produce justo dos semanas después de la comparecencia de la imputada Castedo y un día más tarde del gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y de la jefa de los servicios jurídicos del mismo área, Isabel Campos, quienes negaron un trato preferente al constructor.

En esta rama del Brugal se investiga si la exalcaldesa Castedo pudo beneficiar a quien la oposición municipal considera su "amigo" y "empresario de cabecera", Ortiz, en un plan urbanístico que ubicaba en 4,2 millones de metros cuadrados en el barrio de Rabasa más de 13.000 viviendas.

Se da la circunstancia de que junto a esa zona de expansión de la ciudad de Alicante se proyecta un área comercial con una tienda de la multinacional sueca del mueble Ikea. Además de esta causa judicial de Rabasa, Castedo figura como imputada en la rama del Brugal por las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Alicante (PGOU), igualmente supuestamente a favor de los intereses de Ortiz, también imputado.