El Tribunal Superior decide el martes si acepta la querella contra Camps

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha señalado para el próximo martes día 27 de enero la deliberación y voto sobre la admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el expresidente Francisco Camps por el modo en que se organizó el Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró en Valencia entre 2008 y 2012.

En la querella, que también se dirigió contra la exconsejera Lola Johnson y el expiloto de motociclismo y empresario Ángel Martínez Aspar, Anticorrupción acusó a Camps de introducir artificialmente una empresa privada como organizadora aparente de las pruebas cuando en realidad fueron sociedades de la Generalitat las que corrieron con los gastos. Según el fiscal, el expresidente “conocía perfectamente los requisitos que debían cumplirse” y aun así “prescindió totalmente del procedimiento administrativo establecido al efecto, saltándose de manera grosera el ordenamiento jurídico”.

La investigación arrancó con sendas denuncias de socialistas y Esquerra Unida, en las que también se apuntaba la responsabilidad del actual Consell y de su presidente, Alberto Fabra.

La querella fue formulada por el fiscal Vicente Torres, uno de los tres delegados en Valencia de Anticorrupción. Tras recibirla, el TSJ pidió a la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana que informara sobre si debía admitirla. La normativa interna de Anticorrupción establece que solo esta división del ministerio público puede intervenir en sus procedimientos, de modo que fue el mismo Torres quien informó favorablemente al tribunal sobre la admisión de la querella.

El fiscal concluyó el segundo escrito afirmando que, de los “hechos concretos relatados, apoyados en las diligencias practicadas, se desprenden indicios concretos de la posible existencia de hechos delictivos que pueden imputarse al aforado, ya que se cumplen los requisitos fácticos y normativos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos”.

Las conclusiones del fiscal se basaron en gran medida en las declaraciones prestadas por el patrón de la F1, Bernie Ecclestone, y de varios cargos públicos, algunos de los cuales fueron asesores del expresidente hasta su dimisión en julio de 2011.