ATLL emprende acciones legales para que Agbar le pague las facturas

ATLL ha emprendido "diversas acciones legales" para que Agbar le pague la factura del agua que adquirió a la concesionaria en el mes de agosto, que asciende a un total de 9,9 millones de euros y que la operadora se niega a pagar al considerar que el contrato de adjudicación al consorcio liderado por Acciona está "en liquidación", sobre la base de una sentencia del Tribunal Supremo. ATLL considera que la decisión de no pagar el suministro es "una actuación irregular y contraria a derecho" pese al fallo del alto tribunal, que daba respuesta a una petición de medidas cautelares.

Además de sus propios pasos, ATLL anuncia que el Departamento de Territorio también ha requerido a Agbar que pague los cerca de diez millones de euros que deben dos participadas de Agbar: Aigües de Barcelona (sociedad en la que participa también el Área Metropolitana) y Sorea. Asimismo, la titular de la privatizada ha reclamado a los 49 municipios a los que suministra agua en baja el grupo Agbar que "asuman sus responsabilidades como titulares del servicio en baja y que exijan a sus gestores el pago del servicio prestado". En el mismo comunicado les "ha informado de las consecuencias derivadas de este incumplimiento".

Agbar confirmó ayer su decisión de no asumir el pago de las facturas y explicó a Efe que ha depositado en una cuenta con consignación notarial los 9,9 millones de euros, a la espera de que se anule la adjudicación del polémico concurso, la mayor privatización efectuada por la Generalitat, con un valor de 1.000 millones de euros.

Se trata del último de los múltiples choques entre Acciona, Agbar y la Generalitat en los dos años que han pasado desde que se adjudicara el contrato de concesión del agua en alta (la que se lleva hasta los depósitos municipales para después ser distribuidos a los hogares) que consumen cerca de cinco millones de personas.

Agbar siempre ha pedido la ejecución de la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), que aboga por anular el concurso al señalar que el consorcio de Acciona no cumplía el pliego de condiciones en la programación de las obras. La Generalitat y Acciona han recurrido siempre las peticiones de Agbar, reclamando un análisis a fondo de la resolución del organismo de la Generalitat y pidiendo que no se ejecutara la resolución, mediante la petición de medidas cautelares. Tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Tribunal Supremo le han denegado esa petición, fallos que utiliza Agbar para demandar una anulación inmediata del contrato.