Un empresario facturó a Ortiz el viaje a Creta de Díaz Alperi
El exalcalde habría volado en avión privado para unas vacaciones de lujo de dos semanas

El empresario Ricardo Fuster reconoció este lunes que el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, le pidió que le pagara un viaje a Creta por valor de 36.000 euros y le pasara la factura a Enrique Ortiz, el mayor contratista del Ayuntamiento. Ortiz y Díaz Alperi están imputados junto a la actual alcaldesa, Sonia Castedo, en la pieza del caso Brugal que investiga el presunto amaño del plan urbano de Alicante.
Fuster apuntó este lunes en el juzgado de instrucción número cinco de Alicante en la misma dirección que la policía y la fiscalía vienen señalando desde que el juez Manrique Tejada abriera una causa en la que se imputa a Alperi y Castedo, entre varios delitos, el de cohecho. Alperi habría usado de intermediario a Fuster para fletar un avión privado rumbo a unas vacaciones de lujo de dos semanas y Ortiz habría abonado a Fuster el coste del viaje a cambio de un trato de favor en la redacción del plan urbano de Alicante.
El empresario, que solo contestó a las preguntas del fiscal, mostró ante el juez una factura extendida a la empresa Enrique Ortiz e Hijos.
Entrega de un maletín
Fuster y Alperi se conocieron en enero de 2008 y en julio de ese año, el entonces alcalde le pidió si podía fletar una aeronave para volar a Creta. El empresario, dedicado al sector de la fruta, pagó a la empresa Best Fly el alquiler de un avión reactor a través de Rivaflecha, la mercantil a la que suele contratar avionetas para la fumigación de campos. En varias ocasiones le pidió Alperi que le retribuyera la cantidad o se la facturaría al Ayuntamiento. El exregidor le indicó que enviara la factura a la compañía de Ortiz. Nadie en las oficinas de Ortiz se responsabilizó, aunque la insistencia de Fuster a Alperi produjo que, ese mismo día que le negaron el pago, alguien le citara por teléfono en un bar donde le abonaron en metálico los 36.000 euros. No precisó ni el lugar, ni quién le entregó el maletín.
Junto al cohecho, a Alperi y Castedo les imputan tráfico de influencias y revelación de secretos. Castedo también está imputada junto a Ortiz en otra pieza derivada del Brugal, el Caso Rabassa. El juez que instruye este caso, Juan Carlos Cerón, desestimó el incidente de nulidad interpuesto por Ortiz. El auto, conocido el pasado lunes, valida las escuchas policiales que vertebran todo el caso y en las que empresario y políticos hablan de urbanismo, viajes y otros intereses.
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