El PSOE pide que Metro no contrate con Cofely

El PSOE exige al Gobierno de Ignacio González (PP) que revise los contratos que Metro de Madrid tiene firmados con la empresa energética Cofely y que los trabajos que le fueron encargados sean realizados directamente por el suburbano. La mayoría de Ayuntamientos implicados en la trama de comisiones ilegales a cambio de contratos con la Administración destapada por la Operación Púnica adjudicó a Cofely contratas en los últimos años por más de 160 millones de euros (se investigan 250 millones en contratos). Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y exconsejero de Presidencia, Interior y Transportes, fue uno de los presuntos cabecillas de la red.

Metro de Madrid ha adjudicado esta legislatura 10 contratos de gestión simplificada a Cofely, por importe de más de 370.000 euros. El principal, superior a 100.000 euros, fue para el mantenimiento de 64 pozos de ventilación. El resto de acuerdos fueron por la revisión y asistencia del sistema de extinción de incendios por agua nebulizada, después de que Sima, la empresa que daba el servicio, quebrase.

“Para los contratos menores se pedían dos o tres ofertas y se adjudicaba a la más barata. Cofely ganó esos servicios por ser la que presentó la oferta más económica”, explican en el Ejecutivo autónomo. La Comunidad adjudicó a Cofely solo uno de los contratos mayores a los que se presentó, por valor de 383.000 euros.

“Denunciamos que se estén dando contratos a una empresa de dudosa reputación, implicada en la trama de Granados, y se están contratando trabajos que entendemos que podrían realizar perfectamente los trabajadores de Metro de Madrid”, observa José Manuel Franco, diputado socialista en la Asamblea. “Estos contratos se adjudicaron por ser la oferta más económica, en subasta”, subrayan en la Comunidad. El Gobierno regional resalta que “en ningún momento” los contratos de Cofely con Metro de Madrid han sido solicitados por la Audiencia Nacional.

“Si hay que perseguir a los corruptos, también habrá al menos que investigar a las empresas que presuntamente corrompen y que están relacionadas con la trama de corrupción conocida gracias a la Operación Púnica”, entiende el parlamentario socialista. “Los delitos los cometen personas, no empresas, así que si el PSOE está acusando a alguien lo debe hacer con nombres y apellidos”, argumenta la Comunidad.