Baltar alega que fue condenado con pruebas de origen “ilícito”

“Vulneración del derecho de defensa” y “pruebas de cargo mediatizadas” por las diligencias de investigación previas al proceso. José Luis Baltar ha recurrido la sentencia condenatoria por prevaricación (nueve años de inhabilitación por haber enchufado en la Diputación de Ourense que presidía a 104 personas durante las semanas previas al congreso provincial del PP que ganó su hijo, en 2010) arremetiendo contra el juez instructor y el fiscal. El abogado de Baltar, Luis Romero, sostiene que la indefensión de su cliente en el proceso penal fue “indiscutible” toda vez que “no fue llamado a declarar ni se le permitió conocer el contenido de las diligencias practicadas” durante la instrucción. Añade además que se le confirieron al fiscal “a modo de patente de corso, unas facultades impensables en un Estado de derecho”.

 La defensa insiste en reclamar, ahora mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, la anulación de la instrucción que le fue ya varias veces denegada, la última por la juez que lo condenó. Romero sostiene que la instrucción estuvo “viciada de nulidad de pleno derecho” por haber obtenido “de forma ilícita” las pruebas de cargo admitidas contra el cacique y por haberlo marginado hurtándole la presunción de inocencia.

Junto a la indefensión, el abogado de Baltar sostiene que hubo también “error en la apreciación y valoración de la prueba”. Corrige la sentencia en la parte en la que considera probados los testimonios de los jefes de servicio del expresidente (el secretario general, Francisco Cacharro Gosende; el interventor, José María Baños, y el jefe de Recursos Humanos, José Luis Suárez) que aseguraron bajo juramento que Baltar conocía el contenido de la ordenanza que le obligaba a hacer convocatoria pública de los empleos y que fue advertido de la ilegalidad de su conducta.

“Demuestran incoherencia interna”, sostiene la defensa respecto a esas declaraciones de los técnicos, incidiendo en las palabras del propio expresidente en el alegato final de su juicio cuando arremetió contra sus extrabajadores, endosándoles la culpa y clamando que no sabía que fuera necesario publicitar las plazas de un organismo público. “No existe prueba suficiente y evidente de que Baltar hubiese actuado con conocimiento de que incurría en ilegalidad”, insiste su letrado.

Junto a ello, considera Romero que la condena dio veracidad a la “leyenda negra sobre las contrataciones de la Diputación” alcanzando así “categoría de hecho probado” una “simple e intrascendente anécdota” expuesta por Cacharro. Según la defensa de Baltar, cuando el secretario general de la Diputación hizo alusión a la “leyenda negra” del enchufismo en la Diputación, en respuesta al letrado del PSdeG, “no se refería a las [contrataciones] que eran objeto de litigio” sino a las anteriores a 2004.