Los preferentistas llevan a los tribunales las multas que les pusieron por protestar

Agotada la vía administrativa, los afectados por las preferentes de Baixo Miño recurren en el juzgado las sanciones por sus supuestos excesos en las protestas que protagonizaron contra viento y marea para reclamar soluciones políticas a la estafa que puso sus ahorros en el alero. La plataforma presentó ayer en Pontevedra los recursos para una veintena de sanciones, a los que seguirán otra tanda en las próximas semanas.

La mayoría de las multas que se recurren ahora responden a las sanciones de 2013 por protestas en O Rosal y Tui, algunas por razones tales como llevar mal puesto el cinturón de seguridad o tocar demasiado la bocina del coche cerca de la plaza. “Se están utilizando las instituciones para pisotear a la gente”, se queja Xulio Vicente, portavoz de la plataforma, que acumula tres años en la calle. Los preferentistas aseguran que muchas de las multas son “inventadas” y forman parte de una campaña de acoso y derribo de la que responsabilizan al presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, a la Subdelegación del Gobierno y a algunos agentes de policía local y Guardia Civil, “corruptos”, en opinión de Vicente.

La plataforma está a la espera del resultado de la investigación preliminar de la fiscalía de Vigo por supuestas irregularidades en las multas. “Al final nos acabarán dando la razón, pero es lamentable que se permita esto”, protesta el portavoz, que señala que solo las tasas judiciales que se ven obligados a abonar para presentar los recursos —10.000 euros, según sus cálculos— ya suponen la mitad del montante de las multas.

El ánimo en la plataforma es de enfado masivo en esta última fase de sus movilizaciones, que se mantienen al ralentí toda vez que la gran mayoría de los afectados han recuperado su dinero tras la compra de Novagalicia —ahora Abanca— por Banesco. No han ayudado tampoco las declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que desde Soutomaior se erigió en el responsable de que, tras más de dos años, se acabasen devolviendo todos los ahorros.

Las resoluciones judiciales fueron en su gran mayoría favorables a los afectados, también en los juzgados de refuerzo que desde hace ahora un año funcionan en Vigo y A Coruña. Según los datos ofrecidos ayer por el Tribunal Superior de Xustiza, entre las dos sedes específicas se han resuelto en estos 12 meses el 75% de las casi 3.400 demandas presentadas, 1.900 en el vigués y cerca 1.500 en el coruñes. Quedan por resolver todavía algo menos de 1.000, si bien cabe que todavía se presente alguna más: las plataformas de afectados calculan que unas 15.000 personas en Galicia que nunca llegaron a presentar reclamaciones por desconocimiento u olvido todavía tienen bloqueados hasta 200 millones de euros.