La Audiencia de Alicante avala las escuchas policiales por el plan Rabassa

La pieza del caso Brugal relativa a la tramitación del plan Rabassa en la ciudad de Alicante tiene un obstáculo menos después de que la Audiencia haya desestimado el recurso del empresario Enrique Ortiz en el que pedía invalidar las escuchas policiales que le involucran en una posible modificación del plan general urbano a su favor. Los abogados de Ortiz basaban su petición en que no habían sido autorizadas por el juez competente.

Ya solo falta el informe policial para que el juez Juan Carlos Cerón comience la instrucción de esta pieza derivada de la investigación por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El auto de la sección tercera de la Audiencia desestima la anulación de las escuchas policiales realizadas sobre Ortiz al tratarse de una cuestión ya resuelta en la Audiencia alicantina en un juzgado distinto.

La sección tercera de la Audiencia considera que el recurso de la defensa de Enrique Ortiz, así como la de otros afectados por la causa que se adhirieron a él, merece la misma consideración que se tuvo con respecto a la petición de anulación de otras escuchas del caso Brugal, las referidas a los presuntos amaños PGOU de la ciudad.

El asunto que tiene entre manos Cerón arrancó con una denuncia de Esquerra Unida por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho en la tramitación del plan Rabassa, zona de Alicante donde el constructor preveía construir 13.500 viviendas más el plan parcial que albergaría un centro comercial en el que también estaría la multinacional sueca Ikea.

Además del empresario, la formación de izquierdas pretende la imputación de la alcaldesa Sonia Castedo y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, así como el exgerente de Urbanismo Enrique Sanus y una técnico del departamento, Isabel Campos.

La pieza que aborda Cerón investiga las imputaciones penales en el supuesto amaño del Plan Rabassa, una parte del PGOU alicantino cuya tramitación ya tumbó el Tribunal Superior de Justicia por irregularidades en el proceso. Según aquel fallo, el Ayuntamiento alicantino adjudicó al agente urbanizador un programa que no se aprobó hasta un año después.