Contratista de la Diputación

Antes y después de la expropiación de la cantera bajo sospecha de la Fiscalía de Pontevedra, la firma Áridos Curro aparece en el listado de empresas que más servicios han venido contratando con la Diputación de Pontevedra con presupuesto menores que no tenían competencia y mediante adjudicación directa. El empresario de Ribadumia, José Luis Abal, primo segundo del presidente de la institución pontevedresa, fue el beneficiario de varios contratos para el alquiler de vehículos y de maquinaria pesada entre los ejercicios 2008 y 2013.

Según el Boletín Oficial de la Provincia, a esta empresa arenera se le adjudicaron una decena de contratas ofertadas por el ente provincial siguiendo el procedimiento de negociado y sin publicidad porque los importes no superaban los 60.000 euros. En 2009, en pleno proceso de expropiación de la cantera que explotaba Aricur en Meis, la Diputación le compró una partida de granito por valor de 59.000 euros para ejecutar varios proyectos de viales contemplados en su plan de obras.

Dos años después de la expropiación de la cantera el pariente de Louzán se lanzó a proyectos de inversiones a través de la sociedad Desarrollo Global Atlántico, SL, según el Registro Mercantil de Pontevedra. Con un capital de 50.000 euros, la empresa hizo una ampliación de capital de 295.750 euros en septiembre de 2012 y otra de 225.000 el pasado año.Entre sus cuatro socios y con igual aportación económica aparece el diputado provincial y concejal de Pazos de Borbén, Severino Reguera, y el empresario Ramiro Martínez Señorans, el que fuera uno de los presuntos jefes contrabandistas de la Ría de Arousa.

Precisamente Reguera aparece en otra investigación de la Fiscalía de Pontevedra por pagar un presunto sobreprecio por el alquiler de unos bajos propiedad del presidente de la Diputación, Rafael Louzán, y de su mujer. La junta de fiscales acordó no archivar el caso y enviar las diligencias al juzgado presentando una querella contra ambos políticos. Si es admitida a trámite, la investigación podría derivar en un presunto delito de cohecho impropio.