Los partidos exigen al Gobierno un nuevo reparto de la recaudación

Ante las reiteradas reclamaciones de las Diputaciones de cambiar la Ley de Aportaciones, el Gobierno apuesta por mantener con “ajustes” el modelo de reparto del dinero recaudado por las haciendas forales entre las instituciones vascas porque se trata de un sistema “solidario”,“eficaz” que “no tiene deficiencias”, según el PNV. En la antesala de un acuerdo sobre la ley —el calendario legislativo del Gobierno prevé que su consejo la apruebe en el primer semestre de este año—, el consejero Ricardo Gatzagaetxebarria ha recibido la reprimenda de toda la oposición, que ha reclamado cambios en la manera de repartir el dinero.

“Falla el sistema”, según PSE y UPyD, la ley es “consciente de sus deficiencias y hay que modificar el sistema de cálculo y reparto”, según el PP. “La ley es el problema”, ha completado la ronda EH Bildu. Todos ellos han puesto como claro ejemplo de ello el último Consejo vasco de Finanzas, celebrado entre el Gobierno y las diputaciones en febrero, en el que el Ejecutivo inyectó diez millones para compensar el 65% del dinero de más que tenían que poner Gipuzkoa y Álava debido a que Bizkaia recaudó más dinero del previsto por la actualización de balances.

Gatzagaetxebarria asegura que el desajuste en el CVF fue “excepcional”

Las dos primeras se quejan de que el sistema, que establece un reparto en función del PIB y no de lo recaudado, les perjudica. El PSE, que ha tildado de “paternalista” la decisión, ha sido especialmente crítico con el Gobierno a través de Txarli Prieto, a pesar del acuerdo socioeconómico de ambos. Prieto ha asegurado que el acuerdo “vulnera la ley” dista de ser “democrático”, y ha acusado a Gatzagaetxebarria de modificar la ley en un órgano, el Consejo vasco de Finanzas, que no tiene competencias legislativas como sí lo hace el Parlamento.

Sus acusaciones han enfadado al responsable de Hacienda, que se ha defendido asegurando que su acuerdo es igual como una compensación que se decidió, con el PSE al mando del Gobierno vasco, en febrero de 2010 para la Diputación vizcaína. Prieto no se ha referido a ese acuerdo en la réplica, pero ha preguntado al consejero: “¿si se aplica la ley para qué es necesario llegar a un acuerdo? ¿si la ley es ponderada por qué hay desajustes?”.

Su acusación de ilegalidad ha tenido eco también en UPyD, que junto a los socialistas es el único partido sin representación en el Consejo vasco de Finanzas. Mientras PSE, EH Bildu y PP han defendido que las “tensiones” entre las Diputaciones en esta materia son “estructurales”, Gatzagaetxebarria ha querido dar un carácter de “excepcionalidad” a lo sucedido en febrero. Ha recordado que los cambios en la actualización de balances no son habituales —el último en Euskadi fue en 1996—.

Prieto recuerda que está pendiente la liquidación del Cupo y su reforma

Así, tanto Gatzagaetxebarria como la portavoz económica del PNV, Josune Gorospe, han defendido el sistema como “actual y progresista” y han rechazado una alternativa que suponga el “mero reparto” de lo recaudado. Gatzagaetxebarria ha insistido en varios ejes que ya avanzó en febrero durante un pleno de control: riesgo compartido, neutralidad financiera, autosuficiencia financiera y toma en consideración de la distribución competencial. En este sentido ha asegurado que están trabajando ya en un grupo creado en el seno del CVF para aprobar una nueva ley. La dificultad, ha recordado, es que se trata de una ley de lectura única que precisa de un acuerdo previo al Legislativo, y recordó que no es suficiente un acuerdo por mayoría peneuvista en el CVF, porque tienen que garantizarse la mayoría de partidos en el Parlamento —el PNV solo tiene 27—.

Las críticas del PSE han seguido ante el acuerdo con el Gobierno central para concertar ocho nuevos impuestos. Los socialistas han recordado que el Cupo sigue pendiente y, con EH Bildu, criticaron que el Gobierno haya dicho que el acuerdo, que supondrá entre 60 y 70 millones de euros, apoyará al empleo, porque, según la coalición, “no tendrá reflejo en el desempleo”.

El consejero ha defendido que el acuerdo es un “desarrollo del autogobierno” y respaldó el Concierto Económico ante las recientes críticas del presidente madrileño, Ignacio González.