Prisión para Aneri por el caso de los cursos de formación falsos

El Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ordenó ayer la prisión provisional sin fianza de José Luis Aneri por los presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad y estafa. El imputado, que ha pasado estos días en los calabozos de plaza de Castilla, se acogió a su derecho a no declarar. El asunto se encuentra bajo secreto de sumario y la investigación la lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 9.

El empresario fue  detenido el jueves por la tarde por el presunto fraude de los fondos públicos para cursos de formación continua. Tras su arresto, Aneri fue trasladado a dependencias policiales en los juzgados de plaza de Castilla y el viernes prestó declaración ante la policía judicial.

El empresario cordobés es el administrador único de la empresa Sinergia Empresarial, que fue contratada por varias organizaciones empresariales para impartir cursos de teleformación. Técnicos de la Consejería de Empleo detectaron irregularidades en estos cursos. Se estima que el fraude a las arcas de la Comunidad de Madrid asciende a 4,4 millones de euros.

La unidad adscrita a los juzgados comenzó su trabajo tras la denuncia presentada por algunas de las asociaciones supuestamente estafadas que subcontrataron a Aneri y le dieron las ayudas públicas. Son una treintena de entidades, de las que 17 pertenecen a la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM), que preside Arturo Fernández, según el recuento de este periódico.

La Comunidad de Madrid anunció el jueves que se personará en esta causa. El Gobierno regional tuvo los primeros indicios de lo que estaba ocurriendo con los cursos gestionados por las empresas de Aneri hace más de un año. La estafa asciende a 4,4 millones de euros solo con los cursos de 2011, aunque Aneri comenzó al menos dos años antes a contratar con las entidades.

Otra investigación de la sección de la Seguridad Social de la UDEF señala que el empresario podría haber estafado otros 11 millones de euros de ayudas destinadas a cursos procedentes del Estado. Este periódico ha constatado que, entre otros enseres, el detenido tenía en sus oficinas documentos de las asociaciones que supuestamente validaba con sellos y firmas falsos.

En diciembre, en conversación telefónica con este periódico, Aneri señaló que él solo era un empleado y que algunas de las organizaciones habían recibido mordidas para que todo el sistema funcionara. Aseguró que podía probar con documentos. Según fuentes judiciales, el procedimiento reviste una gran complejidad y continúan las investigaciones policiales para determinar la identidad de todos los que pudieran estar implicados en los hechos.