De “mal menor” a “demanda penal”

Si para el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, la posibilidad de enfrentarse a una multa de 50 millones de la UE “es una cuestión menor”, para el sindicato ELA existe la posibilidad de que sus responsables hayan incurrido en responsabilidades penales.

El sindicato mayoritario ha anunciado la presentación de una demanda penal contra los responsables de las denominadas vacaciones fiscales vascas, las ayudas fiscales a la inversión que la UE declaró ilegales, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma la sanción de 50 millones de euros que su abogada propuso el jueves a instancias de la Comisión.

Las diputaciones han tardado doce años en recuperar las ayudas que concedió en la década de los 90 y razón por la cual puede acabar sancionando a las instituciones vascas con esa millonaria sanción. El sindicato ha exigido que, “de una vez por todas, quienes tomaron esas decisiones asuman sus responsabilidades”.

En su opinión, no procede considerar el caso como negligencia irresponsable, sino “un caso de dolo, ante actos decididos con ánimo de defraudar, protagonizados por responsables políticos”, lo que lo convierte en un hecho mucho más grave. Según dijo “los hechos probados demuestran la connivencia entre la patronal Confebask y las haciendas forales, a la hora de retrasar el cumplimiento de los requerimientos y mentir sobre la recuperación de las ayudas”. En consecuencia, son los responsables políticos de estas decisiones y la patronal “quienes deberían asumir la responsabilidad de su política antisocial, no la clase trabajadora ni el gasto social”, han insistido.