Los sindicatos llegan a un pacto que evita el paro de limpieza

Sindicatos y UTE Alicante cerraron ayer un preacuerdo para evitar la huelga de limpieza en Alicante prevista para la medianoche de ayer: el pacto permitiría poder seguir negociando hasta el 19 de febrero un convenio laboral del que la concesionaria de la limpieza y gestión de residuos del municipio se descolgó el pasado 2 de enero. Los empleados, al cierre de esta edición, todavía discutían si ratificaban el pacto.

El nuevo escenario lo propició la alcaldesa, Sonia Castedo (PP), quien irrumpió in extremis en una negociación con ocho meses de tira y afloja. La primera edil alicantina transmitió a la empresa, por boca de los representantes sindicales, la propuesta de extender durante tres meses el convenio que los sindicatos defienden y así ganar tiempo para la negociación. El acuerdo alcanzado prevé un mes de prórroga de las antiguas condiciones laborales de los trabajadores. Sonia Castedo también pidió que haya representación consistorial en la mesa de negociación, según fuentes municipales.

La tarde de ayer fue un ir y venir entre representantes de la plantilla y abogados de la sociedad mercantil en una reunión que duró cerca de ocho horas. Ningún alcalde quiere fotos de basura acumulándose en el centro de su ciudad y menos cuando el propio presidente Alberto Fabra demanda a sus dirigentes locales involucrarse en las elecciones europeas previstas en mayo.

Pese a la mediación de la alcaldesa a solo unas horas de comenzar la huelga, la posición del Ayuntamiento en los meses pasados ha sido confusa. La propuesta de alcaldía fue ayer la misma que defendieron los sindicatos antes de que el pasado 2 de enero UTE Alicante se descolgara de un convenio con 38 años de antigüedad para simplemente aplicar el convenio sectorial, menos beneficioso para la plantilla.

La voluntad del Ayuntamiento de no interferir en las conversaciones mostró ayer contradicciones. El edil de Atención Urbana y vicealcalde, Andrés Llorens, declinó en varias ocasiones reunirse con los trabajadores, encuentro que sí tuvo con la mercantil. El pasado jueves, sin embargo, con un preacuerdo que evitaba el paro laboral, accedió a reunirse y los sindicatos salieron convencidos de que debían ir a la huelga. Según se les dijo, el pliego de condiciones de la llamada contrata del siglo contempla el convenio anterior y, por tanto, lo que habían cedido a la empresa ya estaba en el canon de la contrata, de 435 millones de euros.

Ayer, “sin entender muy bien” el último giro de los acontecimientos, los sindicatos fueron la voz de la alcaldesa en la reunión.

UTE Alicante la conforman FCC, Cespa (Ferrovial), Cívica e Inusa, las dos últimas participadas por el principal contratista municipal, Enrique Ortiz, imputado junto a Castedo en el caso Brugal.