La apuesta por el alquiler público resulta insuficiente para cubrir la demanda

La apuesta por las políticas de vivienda que primen el alquiler ha estado en boca de los responsables autonómicos de esta área durante los últimos años, pero la realidad y los datos demuestran la dificultad de lograr un cambio de modelo que se adapte a las necesidades reales de la ciudadanía. En conjunto, Euskadi suma un largo listado de demandantes de vivienda pública de alquiler que alcanza las 64.162 personas y el Gobierno solo puede ofrecer un parque de 11.538, al margen del movimiento del mercado privado. Las previsiones del Ejecutivo plasmadas en el Plan Director de Vivienda 2013-2016, que aprobó el pasado lunes, indican que el parque de viviendas de alquiler aumentará en cerca de 4.000 durante esta legislatura, lo que no alcanza a cubrir ni el déficit en la provincia con menor desajuste, Álava.

Etxebide, el servicio vasco de vivienda de dependiente del Ejecutivo, tenía registrados a fecha del pasado 30 de noviembre un total de 8.800 demandantes de pisos de este tipo en Álava, aunque la oferta disponible a través de los distintos programas —Alokabide, Bizigune, ASAP, etcétera— se sitúa en 3.630 casas, con datos de noviembre de este mismo año. Pese a ese déficit, Álava es la provincia que mejores datos arroja de equilibrio entre la oferta y la demanda. En el otro extremo se sitúan Bizkaia, donde los 36.182 demandantes de pisos en arrendamiento a finales del mes pasado se enfrentan a una oferta de solo 5.040 unidades, y Gipuzkoa, con 19.178 personas en las listas y una oferta de 2.865 casas. El Plan Director incluye otras 20.400 viviendas a través de programas para el alquiler pero, incluso con los cálculos más favorables para el Gobierno, habría un déficit de oferta de 32.214 viviendas.

Portavoces de Vivienda señalan que los datos “podrían estar distorsionados” porque, pese a la revisión del registro de Etxebide de este año, hay personas que no han respondido a la actualización y siguen como demandantes. En todo caso, la consejería reconoce que la demanda supera a la oferta, tanto con este Ejecutivo como con los anteriores, y asegura que entre los demandantes de una casa aumentan los que reclaman un alquiler frente a los que desean una vivienda de protección oficial (VPO) en propiedad.

Euskadi suma cerca de 59.000 casas deshabitadas

La necesidad está ahí y los sucesivos Gobiernos han querido potenciar la vivienda en alquiler por delante de la VPO de compra, pero el cambio de modelo resulta lento. El último plan habla de un “medio largo plazo” para lograr que el alquiler sea la “forma preferente de la vivienda pública”. De los 460 millones de euros previstos, el 25% se destinará a potenciar el alquiler y de las 8.000 nuevas viviendas, 4.050 serán para comprar y 3.950 para arrendar, de ellas 900 con opción a compra.

El propio consejero de Vivienda, Juan María Aburto, reconoció el lunes que tiene que hacer frente a compromisos que vienen de atrás. Para los inversores resulta más rentable impulsar la compra y no el alquiler, pero el consejero fue claro en su apuesta por este último. No solo porque la crisis imposibilita a muchos aspirar a comprar un piso, sino también por una reflexión de fondo: para Aburto, la fórmula más justa y equitativa para la utilización de los recursos públicos es el alquiler, pues “no es aceptable” que alguien que mejore después de comprar una VPO su nivel de ingresos logre un piso “con dinero público”.

Toda esta situación no se produce por falta de viviendas sin ocupar. Euskadi sumaba en 2011, según los últimos datos oficiales, 13.425 viviendas nuevas vacías, entre públicas y del sector privado. Los datos de noviembre de este año indican que la sociedad pública Visesa tiene aún por adjudicar 461 pisos y que 4.474 personas han renunciado a la VPO otorgada. El último dato de la Administración autonómica eleva las casas deshabitadas a 58.771.

Pese a estas cifras, no todos los programas de impulso del arrendamiento tienen éxito. El ejemplo más claro es el del programa de intermediación en el mercado de alquiler de vivienda libre (ASAP, por sus siglas en euskera), con el que la Administración aporta la garantía de cubrir los desperfectos del inmueble al arrendador y un precio asequible al arrendatario. De los 105 pisos que entraron en el programa entre marzo de 2012, cuando se puso en marcha, y junio de 2013, solo se formalizaron diez contratos, un 9,52%, cuando la previsión era alcanzar los 3.000. Pese a los datos, el plan director cifra en 2.330 las viviendas que ASAP movilizará hasta 2016.