Pinto aprueba la privatización de la limpieza viaria a puerta cerrada

Gritos, interrupciones y cánticos protagonizaron ayer el pleno extraordinario y urgente del Ayuntamiento de Pinto (46.700 habitantes). El motivo no era otro que la privatización de la limpieza viaria, la recogida de basura y el mantenimiento de parques y jardines. La adjudicación a una unión temporal de empresas (UTE) tan solo contó con el voto favorable de la mayoría absoluta del PP. La alcaldesa, Miriam Rabaneda, ordenó el desalojo del salón de plenos.

El pleno comenzó a la una de la tarde y tenía carácter urgente para aprobar la decisión de la mesa de contratación. Constaba tan solo de dos puntos. Uno para votar la urgencia del mismo y otro para la adjudicación en sí. Asistieron unas 125 personas que abarrotaron desde el primer momento la estancia.

Ya en el inicio se vio que los ánimos estaban muy caldeados. Los trabajadores llevan en huelga indefinida desde el pasado 8 de diciembre ante el temor de que la nueva adjudicataria despida a parte de la plantilla. Los gritos y el alboroto fueron en aumento, sobre todo, cuando el secretario de la Corporación empezó a leer el segundo punto, el de la adjudicación. La alcaldesa decidió entonces que se desalojara el salón de plenos y la sesión se celebrara a puerta cerrada. Tan solo se quedaron algunos periodistas y los ediles.

La adjudicataria para los próximos 10 años ha sido la UTE formada por Valoriza y Gestyona. El concurso salió por un montante de 6,2 millones de euros, pero la ganadora presentó una oferta económica de cerca de 5,6 millones, lo que supone un ahorro de 624.000 euros para las arcas municipales. Comenzará a prestar servicio a partir del próximo 1 de enero. “No era necesario convocar el pleno porque bastaba con la adjudicación de la mesa de contratación, pero la alcaldesa le ha querido dar mayor claridad y transparencia con este pleno”, señalaron fuentes municipales.

La propuesta contó con el voto en contra del resto de la Corporación: PSOE (cinco), los independientes de MIA (dos) y UPyD (con dos concejales). El servicio que ahora se privatiza lo realizaba la empresa pública Aserpinto desde 1997, según fuentes municipales.

Estas mismas fuentes recordaron que esta adjudicación tan solo afecta a 173 de los 352 empleados de Aserpinto. El resto seguirá en sus labores de limpieza de edificios, piscina municipal, mantenimiento de vías públicas, de edificios públicos, de iluminación y auxiliares asistenciales de educación. Todos ellos continuarán siendo municipales.

Los tres sindicatos de Aserpinto (UGT, CC OO y CGT) convocaron la semana pasada una huelga indefinida en estos sectores, cuyos servicios mínimos estaban fijados en el 34%. Los representantes de los trabajadores creen que la nueva adjudicataria podría despedir a 50 trabajadores, como consecuencia de la rebaja del contrato. El Ayuntamiento lo ha negado y afirma que la ganadora se ha comprometido a subrogar a los empleados.