La Cámara de Castellón insiste en que no le afecta la condena de Carlos Fabra

La presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Dolores Guillamón, ha defendido de nuevo este jueves la permanencia de Carlos Fabra tanto en la secretaría general de la institución (con un sueldo de 90.000 euros) como en su puesto como consejero en el Puerto (un puesto público por el que cobra unos 300 euros por reunión). Guillamón ha asegurado que todavía no ha hablado con él desde que se conoció el fallo que le condena a cuatro años de cárcel por fraude fiscal. “Y mucho menos de estas cosas”, apostilló.

La presidenta evadió todas las preguntas sobre si considera que el expresidente de la Diputación es la persona más idónea para representar a la Cámara en el puesto público que ocupa en la Autoridad Portuaria. “Eso tiene que pasar por pleno si así se decide, yo de momento no voy a proponer nada”, dijo tras ser preguntada sobre si piensa sustituir a Fabra en el Puerto. Guillamón tampoco ve motivos para convocar un comité ejecutivo y un pleno para abordar la situación y ni se lo ha planteado.

Sobre su valoración de que la condena por delitos fiscales es algo “particular” de Carlos Fabra, la presidenta de la Cámara se ha mantenido en sus palabras: “Por supuesto que pertenece al ámbito particular, se realizaron en una época en la que no trabajó aquí”. “A la Cámara no le toca en nada sus delitos, en nada”. Recalcó.

Dolores Guillamón también ha asegurado que no ha hablado con nadie de la Generalitat sobre la conveniencia de sustituir a Carlos Fabra del Puerto de Castellón. Cabe recordar que es el Consell quien tiene la competencia de sustituirse siempre que haya una propuesta por parte de la Cámara de Comercio. Y hoy, la presidenta ha negado que desde el gobierno valenciano se haya sugerido una sustitución.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Juan José Monzonís, también se ha pronunciado al respecto. Este martes se mostró molesto al ser preguntado sobre la presencia de Carlos Fabra en un sillón del consejo de administración. Monzonís se limitó a decir que quien tiene la decisión al respecto es la Cámara de Comercio y la Generalitat y asintió al ser preguntado sobre si se sentía cómodo con un condenado por fraude fiscal en el consejo. “La sentencia es un tema personal de Carlos Fabra”, llegó a decir en la línea de lo expresado por el resto de representantes del mundo empresarial castellonense.

Un empleado más

El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Manuel Teruel, tampoco ve "ninguna razón objetiva" para despedir a Carlos Fabra, del que ha dicho hoy que es "un empleado" de la Cámara de Castellón, porque "todavía no hay sentencia firme y ejecutable".

Teruel, también presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación en la capital aragonesa tras ser preguntado por la situación de Fabra en la institución cameral de Castellón, donde es secretario general, antes de participar en una jornada de apoyo financiero a la internacionalización de las empresas de Aragón.

En este sentido, ha afirmado que no tiene que hacer "absolutamente" ninguna valoración sobre Fabra, condenado por la Audiencia de Castellón a cuatro años de cárcel por defraudar 700.000 euros a Hacienda. Si el régimen interior de la Cámara de Castellón no tiene ninguna razón para despedirle, porque "todavía no hay sentencia firme y ejecutable, nada se puede decir", ha afirmado Teruel.

Ha explicado que Fabra es "un empleado" de la Cámara de Castellón, sobre la que, según ha dicho, él no tiene "ninguna competencia", que tiene un puesto de trabajo y "que si no le despide un juzgado no hay ninguna razón objetiva para que una Cámara le despida".

"Es un trabajador como ustedes y el que (ustedes) tengan un problema particular, sea lo escandaloso que sea, si no está en contra del reglamento interior de su empresa, el estatuto de trabajadores les defiende", ha agregado Teruel.

Es un empleado, que tiene todos los derechos como trabajador y, evidentemente, al margen de que tenga responsabilidades con la sociedad, "las que un juzgado marque", ha concluido Teruel.