La fiscal tilda de “clamorosa” la prevaricación de siete ediles de Santiago

“La ilegalidad del acuerdo parece evidente, patente, flagrante y clamorosa”, expone en la denuncia por prevaricación que presentó contra siete ediles populares del Ayuntamiento de Santiago la fiscal Aranzazu San José. El ministerio público se refiere así al acuerdo tomado en la Junta de Gobierno el pasado 30 de mayo por los concejales para que las arcas municipales se hiciesen cargo de la defensa de otro edil, Adrián Varela, responsable de Deportes, detenido e imputado en el marco de la Operación Pokémon contra una trama de sobornos a cambio de adjudicaciones que se instruye en Lugo. La decisión no se hizo pública, pero trascendió el 2 de julio. Después de que apareció publicada en los medios, Varela presentó un escrito proponiendo a sus compañeros de corporación que desistiesen del acuerdo, algo que hicieron dos días después. Esta segunda maniobra también es objeto de la denuncia de la fiscalía. La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, Ana López Suevos, ha abierto diligencias previas y ha llamado a declarar en calidad de imputados, el 19 de diciembre, a los concejales Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, José Luis García Bello y Francisco Noya.

 “La arbitrariedad del acuerdo adoptado contra las conclusiones del informe jurídico es tal que no se puede percibir”, concluye la fiscal, “qué razones llevaron a tomar una decisión de tal calibre, claramente contraria a las directrices de nuestro ordenamiento jurídico”.

Con un informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento en la mano, los siete concejales acordaron sufragar con fondos públicos los cuantiosos gastos de abogado que podría generar la imputación en la trama Pokémon para su edil de Deportes, a pesar de que quedaba claro que no se puede hacer mientras no se declare inocente a Varela. Según especificaba el citado informe del asesor jurídico, el Ayuntamiento podrá correr con los gastos cuando la actividad por la que se imputa a un miembro de la corporación se llevó a cabo “en el cumplimiento de sus funciones”, “sin abuso, exceso, desviación de poder o en convergencia con intereses particulares” y siempre y cuando, finalmente, “se declare la inexistencia de responsabilidad criminal”.