La fiscalía pide 223 años de cárcel para el exalcalde de Alcaucín por el ‘caso Arcos’

La Fiscalía Anticorrupción solicita más de 223 años de cárcel para el exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba por el caso Arcos, la trama de corrupción destapada en 2009 en este municipio de la Axarquía malagueña. El Ministerio Público ha formulado escrito de acusación contra un total de 49 personas (la juez instructora ordenó continuar la causa contra 51 imputados), entre los que están el exadjunto al jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial, José Mora. La investigación ha señalado como principales responsables a Mora y al asesor urbanístico Pedro G. A. Martín Alba está imputado en decenas de delitos: cohechos, blanqueos, falsedades de distintos tipos y fraude, entre otros. Martín Alba ha calificado de "barbaridad y disparate como un templo" esta petición.

 El caso Arcos se puede resumir, a grandes rasgos, en dos presuntas tramas. Por un lado, la operación se centra en la construcción y posterior legalización de viviendas levantadas en suelo no urbanizable mediante informes y certificados supuestamente falsos expedidos por arquitectos. Por otro, el caso profundiza en las irregularidades supuestamente cometidas por funcionarios públicos del Catastro y del Patronato Provincial de Recaudación, que habrían cobrado por realizar modificaciones en los datos para dar apariencia de legalidad a determinadas construcciones. La investigación detectó, entre otros supuestos actos ilícitos, alteraciones en la antigüedad de inmuebles o una agilidad sospechosa en los trámites.

Los negocios considerados ilegales en este pueblo de apenas 3.000 habitantes se prolongaron alrededor de una década, hasta la detención a principios de 2009 del que había sido su alcalde durante 18 años con el PSOE. Cantaor de flamenco y conocido como Pepe Calayo, Martín Alba escondía 150.000 euros bajo un colchón en su casa.

La acusación se dirige contra 27 empresarios dedicados a la promoción inmobiliaria, varios funcionarios municipales y de la Diputación de Málaga, cuatro intermediarios, dos abogados y otros tantos familiares del exalcalde.