Las 18 detenciones de Herrira avalan la mano dura mientras ETA no se desarma

Apenas tres días después de que ETA obviara en su enésimo comunicado tras el alto el fuego definitivo cualquier alusión al desarme, la Guardia Civil asestó ayer, por orden del juez Eloy Alonso de la Audiencia Nacional, un duro y sorprendente golpe a la estructura interna de Herrira, un colectivo creado tras el cese de la violencia en favor de los derechos de los presos de la organización terrorista.

La detención de 18 miembros de este grupo, tras ser intervenidas sus cuatro sedes en el País Vasco y Navarra durante intensos registros que han llegado a prolongarse hasta siete horas como ocurrió en la de Pamplona, confirma la política de mano dura del Gobierno español mientras la banda terrorista mantenga su inmovilismo.

El Ministerio del Interior entiende que Herrira, creada en febrero de 2012 tras la ilegalización de Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, es “un tentáculo” de ETA y de ahí que la justicia haya decidido actuar. A esta conclusión, reconocida ayer por el titular de ese Departamento, Jorge Fernández Díaz, han llegado los servicios de la lucha antiterrorista tras analizar más de cien actuaciones de Herrira, centradas principalmente en la convocatoria de movilizaciones en favor de los presos etarras, incluido el recibimiento al cadáver del etarra Thierry.

La operación, coordinada en las cuatro sedes de la organización, se inició a primeras horas de la mañana mediante fuertes despliegues de agentes de la Guardia Civil. Diez de los detenidos de Herrira fueron localizados mientras celebraban una reunión en la oficina de Hernani, mientras el resto fueron apresados en varias localidades de Gipuzkoa (cinco), Bilbao, Pamplona y Vitoria.

Además, la operación incluyó el cierre de 32 perfiles de Twitter, 125 de Facebook y 38 páginas web, además del bloqueo de las cuentas bancarias empleadas por este grupo, que desde su presentación ha contado con el respaldo de la izquierda abertzale. En la capital vizcaína, la Guardia Civil entró por error en la sede de EA, situada en el piso inferior. La abogada Jone Goirizelaia y el senador Iñaki Goioaga, abogado habitual también de presos etarras, contemplaron la intervención en el Casco Viejo bilbaíno.

Tras conocer el alcance de esta espectacular operación, el Gobierno vasco, del PNV, reaccionó para denunciar que se trata de “un paso atrás”. Así lo manifestó su portavoz, Josu Erkoreka, quien reclamó a ETA que atienda la exigencia de la sociedad para su desarme y que el Ejecutivo central modifique su política penitenciaria.

Para la izquierda abertzale, que vuelve a sentir como propio este golpe en vísperas del macrojuicio de las herriko tabernas, se está asistiendo a una “tropelía” del Estado, según declaró Julen Arzuaga, uno de los portavoces de EH Bildu en el Parlamento vasco, quien reclamó, además, “una respuesta como pueblo”. No obstante, fue el socialista Jesús Eguiguren, presidente del PSE, quien empleó la réplica más dura al acusar al Gobierno central de “cometer un auténtico disparate jurídico y político”.