Prasa denuncia en la Audiencia Nacional una supuesta estafa de 250 millones

La constructora cordobesa Prasa ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional una querella criminal contra el empresario Joaquín Rivero por estafa en la adquisición del 3% de Metrovacesa, en 2007. En resumen, los 65 folios de acusación desgranan los tres delitos en los que, según Prasa habría incurrido Rivero: falsificación en documento público, delito de estafa y delito societario.

Prasa ha remitido la denuncia a la Audiencia Nacional porque está investigando otra querella contra el empresario, presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) después de la intervención del Banco de Valencia. Según Prasa, Rivero estafó de la misma forma a la constructora cordobesa y al Banco de Valencia con el objetivo de conseguir “liquidez” para hacerse con el control de Metrovacesa a través de una OPA en el año 2007.

Según la querella, “Prasa realizó un desplazamiento patrimonial de 274,8 millones de euros, que sirvieron al querellado [Rivero] y a su socio, para refinanciar el crédito sindicado de 2.160 millones de euros relacionado con la OPA de Metrovacesa, liquidada un año antes”. Sin embargo, esta operación supondría al final para Prasa “una pérdida importante, de más de 250 millones de euros (...), mediante engaño y la utilización de instrumentos mercantiles (...) falsos”.

La querella describe que en 2007 Prasa compró a Rivero y a otro socio el 3% del capital social de la entidad mercantill de Metrovacesa. “No obstante, los vendedores de las acciones se aseguraron el control de dicha entidad” a través de una cláusulas que la querella considera fraudulentas.

Los querellantes sostienen que el plan era conseguir dinero para poder pagar los 2.160 millones de euros que le costaría la OPA para hacerse con el control de Metrovacesa y otra firma llamada Gecina.

“Podemos decir que la dinámica comisiva, ideada por el querellado, consistió, al igual que en otros casos como el del Banco de Valencia, en engañar a terceros para conseguir el capital suficiente para adquirir, con meros fines especulativos, primero, un paquete de control de la mercantil Metrovacesa, SA, y, luego, de la empresa Gecina,SA, sin utilizar ni arriesgar fondos propios, en el caso de que dispusiese de los mismos”, resume la querella.

Y los abogados de Prasa concluyen afirmando que “como el querellado no disponía de la capacidad económica (o no quería arriesgarla en lo que no era más que una actuación especulativa que, como sucedió, le podía salir mal), para asumir con fondos propios su plan especulativo tuvo que acudir a terceros para la acumulación y consecución de tal capital; los terceros, terminaron todos siendo víctimas de sus diferentes engaños”.