CC OO: “Un recurso va en contra de la imagen de confianza del sector”

Unidad ante la adversidad provocada por la resolución de los astilleros. Es lo que ha exigido Comisiones Obreras (CC OO) ante la reunión que esta tarde mantendrá el Gobierno con las tres comunidades autónomas (País Vasco, Galicia y Asturias), las empresas navales y los sindicatos para analizar la decisión adoptada por la Comisión Europea en la que se exige a España la devolución de las bonificaciones conocidas como tax lease adquiridas durante los años 2007 y 2011. El secretario general de la Federación de Industria de CC OO, Ramón Sarmiento, ha exigido al gobierno que se haga una valoración conjunta de la resolución, "manteniendo el nivel de consenso" que distintas administraciones "de diferente color", sindicatos y empresas del sector han mostrado durante las últimas semanas en torno al conflicto naval. 

La reunión, que servirá para planificar la estrategia que España seguirá el dictamen del comisario de Competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, espera que ponga como prioritarios "los intereses y lo que exigen los trabajadores". Además, han exigido a los políticos y responsables del sector "diligencia" para que se adopte una medida que de seguridad jurídica y mantenga el atractivo de los inversores navales, a pesar de que agosto se considere inhábil al tratarse de un mes vacacional para los políticos. "Pedimos que no se vayan de vacaciones hasta que dejen el trabajo hecho", ha precisado Sarmiento. La resolución establece cuatro meses para proceder a cumplir lo dictado, que según su previsión "disminuye" sustancialmente las cifras iniciales a devolver, que ascendían hasta los 3.000 millones de euros, si bien han pedido al Ministerio de Hacienda que elaboren la relación de las bonificaciones que habrá que devolver.

Según ha precisado, se exige rapidez para la toma de decisiones porque en los últimos meses, a raíz de la incertidumbre del sector, han cerrado hasta seis astilleros en España -dos en Andalucía, uno en Galicia, uno en Valencia y otro en Barcelona-. Las consecuencias han sido trágicas, ya que han tenido que cerrar otras 200 empresas auxiliares y se han perdido "miles de empleos" tanto directos como indirectos.  "Ya no dependemos de nada, ya se conoce la resolución, pedimos diligencia para que antes de finales de año podamos recuperar la confianza de los armadores antes de finales de año", ha explicado.