El sector naval confía en el desenlace menos dañino por el ‘caso tax lease’

La Comisión Europea ofrecerá hoy su veredicto en relación con las ayudas fiscales recibidas por inversores y la industria naval española a través del método conocido como tax lease. La decisión está en manos del colegio de comisarios, un órgano formado por 27 miembros que deberá dilucidar sobre la propuesta presentada por el titular de la Competencia, el socialista Joaquín Almunia, quien inicialmente exigió devolver la totalidad de las ayudas recibidas por el sector naval entre 2005 y 2011, cuya cuantía asciende a 2.800 millones de euros, de los que alrededor de 1.000 millones corresponden al País Vasco. Este planteamiento inicial podría haberse suavizado al requerirse ahora la devolución al periodo 2007-2011 (unos 2.000 millones), según apuntaron fuentes del Gobierno vasco. En todo caso, los astilleros y el resto de la industria marítima consideran que esta solución intermedia tendría el mismo efecto “devastador” y supondría igualmente la desaparición de 87.000 puestos de trabajo.

Bruselas evitó salir al paso de las especulaciones en torno a la cuantía de la sanción que podría recaer sobre el sector y las empresas que invirtieron en la construcción de buques. Los afectados, astilleros y armadores, volvieron a insistir en que no aceptarán otra resolución que no sea la exoneración. Reclaman que se aplique la misma doctrina que a Francia, cuando le fueron perdonadas las sanciones en un caso similar, según la patronal Pymar.

Los trabajadores se recluyeron anoche en las instalaciones de La Naval, en Sestao, en señal de “repulsa” por la iniciativa de Almunia y como “medida de presión” ante los comisarios.

En nombre del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, afirmó que desea que la decisión de Bruselas sea “lo menos lesiva posible” para los intereses del sector naval en Euskadi. Abogó por que “no se haga devolver ninguna cantidad”, aunque también comentó que “sería bienvenida” la devolución de las ayudas comprendidas entre 2007 y 2011.

Erkoreka espera que la decisión de la UE sea “lo menos lesiva posible”

Erkoreka aprovechó para recordar que el Ejecutivo autonómico está dispuesto a seguir trabajando con el sector, que consideró “viable y competitivo”, para explorar el futuro de los astilleros y procurar garantizar una actividad que siga dando frutos a la economía vasca.

Del mismo modo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, manifestó que confía en que la CE “suavice” la posición del comisario Almunia. Rajoy se pronunció así ante representantes de las principales multinacionales españolas que forman parte del Consejo Español de Competitividad y recordó que mantuvo una conversación con el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, a quien pidió que intercediera por los astilleros españoles.

La actuación de Bruselas en este caso ha conseguido unir en su contra a todas las instituciones, partidos políticos, agentes sindicales y del sector. El ararteko, Iñigo Lamarca, se sumó ayer a esta corriente al considerar que la CE ha cometido “una mala praxis” al haberse podido “vulnerar el derecho a la buena administración”. Por eso, se ha dirigido a la Defensoría del Pueblo de Europa para que actúe en defensa del sector naval.

Del tax lease también opinó el presidente de Kutxabank, Mario Fernández, quien en declaraciones a los periodistas afirmó que en este asunto ha habido “otra vez un tratamiento discriminatorio con el Estado español”.