Una juez frena que Javier Guerrero regrese como funcionario a la Junta

La juez Nuria Marín ha desestimado la reclamación del ex director general de Trabajo Javier Guerrero contra la Junta de Andalucía, que le suspendió para evitar su reingreso a la plaza de funcionario que le pertenece. La titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 7 de Sevilla ha dictado sentencia que desestima el recurso interpuesto por Guerrero contra la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta del 12 de enero de 2012, que le suspendía sin funciones ni derecho a sueldo. Guerrero restaba en excedencia voluntaria "por interés particular" de su plaza en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos.

"Si bien al recurrente se le acepta su petición de reingreso en el servicio activo, al estar imputado por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla (...) no satisfaría las necesidades del servicio, además dicha situación de suspensión provisional, le impide desempeñar las funciones que se le asignaran", reza la sentencia.

El fallo de la juez aclara que la Junta tiene la razón al haberle suspendido porque al estar Guerrero imputado en el caso de los EREy en prisión, no cumple las condiciones para desempeñar las funciones correspondientes a su puesto de trabajo que se le asignara. La sentencia supone un respaldo a las tesis del Ejecutivo autónomo, y su vuelta como funcionario tras salir de prisión habría resultado muy incómodo para la Junta.

Además, considera la resolución judicial que la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública motiva suficientemente la medida de suspensión provisional de funciones del principal imputado en el caso de los ERE.  La Junta ha actuado conforme a Derecho, por lo que Guerrero debe pagar las costas de su recurso judicial.

Mientras, la Consejería de Hacienda ha denegado a Guerrero 24.750 euros que el ex alto cargo había reclamado por representar el 75% de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias durante su suspensión. Guerrero argumentó en un escrito que la Junta no aplica la ley que prevé que el funcionario suspendido de manera cautelar tiene “derecho a percibir el 75% de su sueldo” y pese a ello no ha recibido explicación alguna.