Alcaldes del PP niegan al juez la versión de Baltar sobre el caso de los enchufes

José Luis Baltar vuelve a quedar contra las cuerdas. El extodopoderoso presidente de la Diputación y del PP de Ourense no encuentra el respaldo de sus más fieles colaboradores de antaño para su defensa respecto a las 105 contrataciones que realizó en la institución ourensana en el entorno del congreso provincial del PP que ganó su hijo. El juez que instruye la querella presentada por la fiscalía, que acusa a Baltar de prevaricación continuada, tiene en su poder la contestación reclamada a los ayuntamientos que, según la declaración del cacique, solicitaron personal en aquellas fechas. Ni siquiera municipios como los de Celanova u O Carballiño, gobernados por el PP, secundan a su expatrón. Lejos de ello, el regidor de Celanova, José Luis Ferro, niega explícitamente la afirmación a la que se aferró Baltar para exculparse. El de O Carballiño, Argimiro Marnotes sostiene que nunca envió a la Diputación informe de necesidad para cubrir un empleo, aunque deja abierta la posibilidad de que pudiera haberlo hecho la Mancomunidad. Junto a ellos, niega también haber enviado petición de empleo el alcalde de Maceda, el nacionalista Xabier Oviedo.

 El de Vilamarín, el histórico baltarista Amador Vázquez, reconoce igualmente que no envió escrito alguno reclamando personal a la Diputación pero sostiene que pidió “verbalmente” el empleo de las tres personas de su municipio contratadas por Baltar. En los mismos términos se expresa el alcalde, también del PP, de Paderne, José Manuel Fernández Gómez, aunque de forma más imprecisa. Así, señala que “nunca” cursó por escrito petición de empleo, si bien “ interesó al presidente de la Diputación en distintas ocasiones” para que enviara a “alguna persona”. Como este, el de Toén, también del PP, asegura haber hecho una petición verbal. El único regidor que secunda la versión del expatrón aportando documentación oficial es el de San Cibrao de Viñas. El popular Manuel Pedro Fernández, remite fotocopia de la solicitud de una persona para la Axencia Municipal de Lectura. El juez ha requerido a siete alcaldes más que aún no han contestado.