Imputado un alcalde malagueño por una trama de inmigración irregular

El juzgado de Instrucción número 2 de Málaga ha imputado a 15 personas por su presunta relación con una trama que proporcionaba documentación falsificada a inmigrantes en situación irregular en España. Entre ellos, se encuentran el alcalde del municipio malagueño de Jubrique, David Sánchez (PSOE), y el exregidor socialista de Riogordo entre 1999 y 2011, Francisco Alarcón, ya retirado de la política.

El citado juzgado investiga esta trama, en la que, al parecer, se emitían certificados falsos de empadronamiento para obtener permisos de trabajo a cambio de entre 2.000 y 3.000 euros, según fuentes judiciales. Entre los imputados se encuentran, además, policías locales y funcionarios. En concreto, un agente de promoción de empleo y personal administrativo que habrían participado en la tramitación de los expedientes investigados. La red, asentada en Málaga, también operaba en Toledo y Almería.

El presunto cabecilla de la red es un hombre español de origen paquistaní que tenía contactos con funcionarios

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo cuando se detectó en la provincia de Málaga que numerosas personas de nacionalidades marroquí y paquistaní estaban presentando en la Oficina de Extranjeros solicitudes de permisos de residencia y trabajo, aportando certificados de empadronamiento expedidos todos en las mismas localidades malagueñas.

Tras varias pesquisas, se comprobó cómo estas personas, para lograr los certificados de residencia, aportaban documentos acreditativos de ejercer actividades de venta ambulante expedidos con fecha en las que todavía no se encontraban en España.

El presunto cabecilla de la red es un hombre español de origen paquistaní que, supuestamente, tenía contactos con distintos funcionarios. Esta persona, junto a otros detenidos, captaba a clientes entre miembros de las comunidades paquistaní y marroquí para ofrecerles la posibilidad de obtener certificados oficiales a cambio de importantes sumas de dinero.

Además, el cabecilla se valdría también de esos contactos para obtener los certificados oficiales a nombre de los inmigrantes; documentos que firmaban a sabiendas de su falsedad, ya que no se correspondían con los que había en las bases de datos y, además, las fechas certificadas eran de periodos en los que dichos inmigrantes no habían llegado aún a España.