Nuevos indicios de cobros indebidos en la Cámara de Pontevedra

Los movimientos en la cuenta bancaria donde se ingresaban las nóminas y otros emolumentos a favor del representante de la Cámara de Comercio de Pontevedra en Brasil Juan José María Lago ha añadido nuevos datos reveladores para los investigadores en la querella interpuesta por la Fiscalía contra la secretaria de la entidad, María del Rosario Lorenzo, imputada por presuntas negociaciones prohibidas a funcionarios.

En el informe pericial encargado por el juzgado se detallan todos los ingresos y retiradas de dinero que Lago y Lorenzo realizaron en los últimos años y en los que aparecen nuevos indicios de que la secretaria percibió presuntos cobros del operador brasileño a pesar de que la empresa Contrato Em Comunicaçoes Empresariais Ltda estaba a sueldo de la entidad. Lago será citado por el juzgado para que aclare los movimientos de la cuenta de la que es titular y en la era apoderada la secretaria, y sobre los supuestos pagos que le realizó a Lorenzo. Lago estuvo trabajando de becario en la Cámara hasta que en 2002 se trasladó a Brasil con un contrato millonario de arrendamiento de servicios de asesoramiento, apoyo y asistencia a las actividades de exportación de compañías gallegas subvencionado con el 80% por la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta.

Posible ampliación

La secretaria ya prestó declaración como única imputada hasta ahora en las diligencias pero no aclaró ni el destino de al menos 15.720 euros que retiró de la citada cuenta ni en qué concepto los percibió y tampoco si hubo más pagos irregulares desde que la Cámara firmó el contrato con Lago. En la querella solo constan dos cantidades retiradas por la funcionaria de 3.000 y 12.720 euros y no dio tiempo a realizar un análisis detallado de extractos bancarios, por lo que la demanda únicamente se basó en una prueba de indicios. Sin embargo, ahora el informe pericial ha arrojado más luz en la investigación. Si se confirma que Lorenzo retiró otras cantidades, la querella podría ampliarse al delito de cohecho. El caso se inició a raíz de una denuncia interna de empleados de la Cámara que apuntaba a Lorenzo como receptora de pagos irregulares que supuestamente retiraba de la cuenta del empresario al menos desde 2006 y hasta mediados de 2012.