Un colegio de Sabadell pagará 30.000 euros por un caso de 'bullying'

El colegio Ramar 1 de Sabadell (Barcelona) tendrá que pagar 30.000 euros a la familia de un exalumno que fue víctima de acoso por parte de sus compañeros. Las reiteradas vejaciones que recibía el menor obligaron a la familia a sacarlo de este centro concertado en diciembre de 2010, cuando cursaba sexto de Primaria. Pocos meses después, los padres interponían una denuncia contra la escuela, pero finalmente ambas partes acordaron el pasado noviembre no ir a juicio y dar carpetazo al doloroso asunto con un acuerdo monetario.

El menor, que actualmente tiene 13 años, ingresó en la escuela Ramar 1 con 5. “Llegó con muchas deficiencias y presentaba muchos problemas de relación”, recuerda Joan Garcia, director del centro sabadellense. Los primeros incidentes se detectaron cuando el niño cursaba quinto de primaria, pero entonces eran casos “muy puntuales”, reconoce Garcia. Con el tiempo los incidentes se fueron incrementando en gravedad y frecuencia. Cuatro de los compañeros de menor le pellizcaban, pegaban, escupían e insultaban constantemente, según explicó la madre a La Razón.

“Se habían intentado solventar todos los casos y hubo castigos”, defiende el director, quien asegura que los contactos con los padres de la víctima fueron constantes. Incluso llegaron a intervenir los inspectores de la Generalitat. Pero la familia considera que la escuela no hacía caso de sus quejas.

Los padres apuntan que la situación se volvió tan insostenible, que el menor acabó con un desorden nervioso que le impedía dormir y comer y acabó en manos de psicólogos. Al final, decidieron sacar a su hijo del centro. “Pensábamos que podríamos recuperar al niño e integrarlo en el mismo colegio, pero no fue así. Alguna cosa no hicimos bien”, admite Garcia. Actualmente está escolarizado en una escuela cercana.

Finalmente la familia decidió llevar el caso a los tribunales y denunciaron al colegio por su “actitud pasiva” ante el acoso, explica el abogado de la familia, Pedro Manuel González. El letrado asegura que contaban con un informe a su favor del Síndic de Greuges, además de dos pruebas periciales de dos equipos de psicólogos que ponían de relevancia los perjuicios que las vejaciones tuvieron sobre el menor.

Ambas partes prefirieron llegar a un acuerdo económico, uno de los más altos que ha habido en España por un caso de bullying, para evitar el juicio. “Ya que no podemos dar marcha atrás, al menos compensamos una parte de lo sucedido y evitamos un proceso judicial, que puede ser un mal trago para el menor”, reflexiona Garcia.