El Superior alerta sobre el deterioro de la Justicia con la reforma de Gallardón

La junta de magistrados del Tribunal Superior vasco ha anunciado hoy su adhesión al diagnóstico sobre la gravedad de la situación de la Justicia que el pasado día 17 ya adoptó la comisión interasociativa de jueces y fiscales. La toma de posiciónn responde a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que quiere poner en marcha el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón.

A través de un comunicado, la junta de magistrados denuncia el grave menoscabo de las condiciones en las que se está ejerciendo la jurisdicción, deterioro al que contribuirían, en su opinión, las medidas legislativas anunciadas por el Ministerio de Justicia. “Singularmente, algunas de las incluidas en el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Los magistrados del alto tribunal vasco consideran que las medidas propuestas, de aprobarse, van a determinar que la Justicia en el futuro va a ser “más cara y más lenta”. Y ello, sin olvidar las “elevadas” tasas para el acceso a unos tribunales que, en su opinión, “van a contar con menos jueces y menos recursos”.

El debate sobre la reforma judicial se ha extendido hoy a las tres capitales vascas, donde incluso se han posicionado en contra de los cambios previstos de una manera más contundente. La junta de jueces de Bilbao ha rechazado la regulación que contempla el anteproyecto de ley en lo referido a sustituciones, permisos y bajas por enfermedad, ante lo que ha pedido al Consejo General del Poder Judicial una actitud "más contundente en defensa de la carrera".

En Vitoria han ido aún más allá, al sopesar la posibilidad de organizar actos de protesta. A través de otro comunicado, han considerado "inconstitucional" la reforma prevista y han propuesto la concentración de los miembros de la carrera judicial, un sábado, en la sede del Ministerio. Asimismo, han planteado la posibilidad de completar la reivindicación con una huelga.

Los jueces de San sebastián han sido los últimos en sumarse a las críticas, por la "ausencia de inversión en Justicia, la congelación de plazas, la lentitud e ineficacia del sistema o la ausencia de un estudio que determine la carga de trabajo de cada juzgado", así como por los "recortes salariales y estatutarios" a los magistrados. Al igual que en Vitoria, en octubre estudiarán posibles actos de protesta.