Más de 100 personas impiden el derribo de una vivienda ilegal en Nigrán

Más de 100 personas han logrado impedir, este jueves, el derribo por orden judicial de una vivienda unifamiliar de Nigrán (Pontevedra), declarada ilegal por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La sentencia del máximo órgano judicial de Galicia ordenaba la demolición del inmueble para las 9.00, pero los vecinos de la familia afectada y varios miembros de la plataforma Stop Desahucios han conseguido impedir el acceso de la maquinaria bloqueando el camino de entrada con varios vehículos. A la casa sólo pudieron acceder tres agentes de la Policía Local de Nigrán, pocos minutos después de la hora indicada, para notificar la orden y dar fe de la oposición de los propietarios de la vivienda, Santiago Piñeiro y Ana María Taboada, que viven con sus dos hijas, de 21 y 16 años de edad.

Los dueños del inmueble, construido sobre suelo rústico no edificable, asumen que su propiedad está en situación irregular pero denuncian un trato desfavorable por parte del Ayuntamiento de Nigrán. Hablan de "intereses políticos", ya que el proceso judicial se abrió hace más de 10 años a raíz de la denuncia de un aserradero anexo que pertenece al padre de la actual concejala de Personal, Ana Rosa Costas.

Piñeiro y Taboada aseguran que la empresa carece de licencia y sus instalaciones fueron levantadas sobre un castro catalogado —lo que ya ha sido denunciado por la Xunta— y se preguntan por qué no se derriba este inmueble, dado que también existe una sentencia de los tribunales contra él. A este respecto, Piñeiro ha asegurado que "algo falla" y ha reclamado "una solución" al alcalde, Alberto Valverde (PP). Taboada ha relatado que, tras denunciarse "mutuamente", las dos partes habían alcanzado un acuerdo para frenar la vía judicial. Sin embargo, ha criticado que el aserradero no cumplió el acuerdo y "atacaron más" a esta familia.

Taboada ha explicado también que existe un proyecto de legalización, a través del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Nigrán, que está pendiente de ser aprobado inicialmente por parte de la Xunta antes de que acabe el verano.

Tras conseguir paralizar la demolición, Taboada se ha mostrado "muy contenta" por el apoyo de sus vecinos, ya que, según ha admitido, la familia "no tiene a donde ir", y por eso dice que llegarán "hasta el final" con este asunto. Piñeiro ha explicado que ahora se abre un plazo aproximado de un mes hasta que llegue una nueva orden de derribo que pueda requerir la intervención del Cuerpo Nacional de Policía.